El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dispuso la inhibición general de bienes de Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa que investiga si el mandatario favoreció, para la contratación de seguros del Estado, al esposo de su secretaria privada.
32 investigados. La medida de Ercolini abarca también a otras 32 personas, ex funcionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, quienes ahora no podrán vender ni disponer de sus bienes.
La decisión abarca al intermediario Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, secretaria de Fernández, un vínculo que, para el juez, despierta la sospecha de que determinó del rol del exmandatario en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros.
Fernández está imputado por un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su Gobierno.
UN SEGURO PARA TODOS. A Fernández se lo investiga por presuntas irregularidades en torno a un decreto que firmó en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario al esposo de su secretaria y su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del ex presidente en sus declaraciones juradas.
NUEVAS DESREGULACIONES. Por otra parte, el Gobierno de Javier Milei desreguló los precios de la telefonía móvil, internet y televisión por cable, al anular, mediante publicación en el Boletín Oficial un decreto de la Administración de Fernández.
El decreto publicado justifica la decisión en que los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) “han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
En cambio, el servicio básico telefónico mantiene su condición de servicio público. Un decreto firmando por Fernández en 2020 declaró los servicios de las TIC -telefonía móvil y fija, servicios de internet y TV de pago- como “servicios públicos esenciales y estratégicos”. Ese decreto habilitó a la autoridad de aplicación a regular los precios de esos declarados servicios públicos esenciales y estratégicos; asimismo, la obligó a reglar una prestación básica universal obligatoria a los licenciatarios. Esta decisión del Gobierno de Milei es parte de su política de desregular la economía y se da en un contexto en que lucha por bajar la inflación, que en febrero trepó al 276,2 % anual.
