En los últimos artículos publicados en este espacio reflexionábamos sobre las formas en que el poder político reproduce sus estructuras de dominación, incluso cuando sus protagonistas parecen enfrentarse entre sí. La crisis desatada por el desastre de ueno bank nos ofreció una tercera escena de este drama nacional: La utilización del lenguaje jurídico como instrumento de una disputa en la que las garantías constitucionales, las responsabilidades políticas y los intereses particulares aparecen peligrosamente entremezclados.
Santiago Peña había prometido revelar “verdades incómodas”. Se esperaba, por tanto, que explicara públicamente los vínculos entre los negocios privados, las decisiones de su Gobierno y la estructura política que hizo posible su ascenso. Lo que debía ser una oportunidad para esclarecer las responsabilidades políticas detrás de la catástrofe de ueno bank, terminó convertido en una representación grotesca, donde la soberbia profesional, las falacias jurídicas y el desprecio hacia los demás pretendieron reemplazar la fuerza de los argumentos.
En lugar de las “verdades” prometidas aparecieron Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, convertidos en protagonistas de una defensa tan petulante como contradictoria. Mientras Peña seguía distribuyendo mensajes hipócritas en X, sus abogados se encargaban de repartir agravios, advertencias y lecciones de superioridad jurídica. Una extraña manera de cumplir la promesa de sincerarse ante el país.
La escena alcanzó dimensiones patéticas cuando Ferreiro, intentando demostrar los riesgos internacionales del juicio político, recordó que el Estado paraguayo había perdido litigios incluso frente a “una tribu de indios”. La frase no solamente reveló una profunda insensibilidad frente a los pueblos originarios, sino una concepción jerárquica del derecho que resulta difícil de conciliar con los principios constitucionales que pretendía defender.
Para Ferreiro, aparentemente, la derrota del Estado resultaba todavía más humillante cuando el vencedor era una comunidad indígena. Como si la dignidad de los derechos dependiera de la posición social o cultural de quienes los reclaman. La ironía es brutal. Los casos indígenas en los que Paraguay fue condenado internacionalmente constituyen, precisamente, ejemplos de cómo el derecho puede servir para proteger a los históricamente excluidos frente al poder del Estado. Aquello que Ferreiro utilizó como expresión de vergüenza representa, desde una perspectiva democrática, una de las razones fundamentales de la existencia de los tribunales de derechos humanos, porque el derecho adquiere dignidad, justamente cuando protege a los vulnerables frente a los poderosos, no cuando se convierte en instrumento de protección de los poderosos frente a sus responsabilidades.
Pero el episodio no quedó allí, Preda, haciendo alarde de su supuesta superioridad moral y jurídica, en clara falacia ad hominem, trató de mediocres a los acusadores, mientras Ferreiro intentó instalar el juicio político, fundamentalmente como una garantía para el acusado. La afirmación contiene una verdad parcial que, convertida en explicación absoluta, termina deformando el sentido de la institución.
El juicio político debe respetar las garantías de defensa, pero su finalidad constitucional no consiste en preservar indefinidamente a los gobernantes de las consecuencias de sus actos. Es, por sobre todo, un mecanismo republicano de control del poder. Reducirlo a una garantía del funcionario equivale a transformar un instrumento de responsabilidad política en un refugio frente a ella.
Por otro lado, lo único interesante de las intervenciones petulantes de Preda fue cuando sostuvo que muchas de las decisiones cuestionadas, no dependían exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino de organismos autónomos y de disposiciones aprobadas por el Congreso. Con ello, la defensa abrió la puerta para tratar, al menos parcialmente, alguna verdad incómoda.
Si las decisiones fueron tomadas, autorizadas y sostenidas por distintas instituciones del Estado, entonces las responsabilidades políticas tampoco pueden limitarse a una sola persona. ¿Quiénes aprobaron las modificaciones legales? ¿Quiénes designaron o respaldaron a las autoridades encargadas de controlar el sistema financiero? ¿Qué papel desempeñaron los organismos reguladores? ¿Quiénes conocían las operaciones, las autorizaron o dejaron de fiscalizarlas? ¿Y qué responsabilidad política corresponde a quienes integraban la conducción del Gobierno? Incluido, especialmente Pedro Aliana, quien ahora conduce como si nada el país.
Todas estas preguntas echan por tierra la cómoda ficción de que toda una estructura institucional puede declararse ajena a las decisiones que ella misma contribuyó a producir. Además, la estructura accionaria y los vínculos empresariales de ueno bank identificaban a las sociedades controlantes y a los principales participantes de su capital, incluido el entorno de Horacio Cartes.
Peña bien pudo comenzar explicando todo lo que conocía sobre esas relaciones, sus propios vínculos con el Grupo Vázquez, los mecanismos de influencia política y las circunstancias que permitieron el crecimiento de una entidad financiera cuya crisis terminó comprometiendo recursos y expectativas de miles de personas. También pudo explicar qué sabía Horacio Cartes, la razón del abrupto quiebre entre ambos y hasta dónde llegaban las responsabilidades de quienes hoy procuran mentirosamente distanciarse de aquella organización.
Pero la gente no es tan “estúpida”, como afirmó una legisladora en un episodio de incontinencia verbal. La gente sabe perfectamente que los mismos dirigentes que compartieron gobiernos, nombramientos, decisiones y beneficios políticos pretenden ahora exhibirse como víctimas o denunciantes de un sistema del que formaron parte.
Las escenas que estamos asistiendo en vivo tienen todos los matices de una vendetta o un ajuste de cuentas entre facciones de una misma oligarquía, muy lejos de la pretendida búsqueda de justicia. Recordemos, en ese sentido, la paradigmática imagen de Cartes haciendo explotar una cantera que él mismo propició hacerla viral. Lo suyo habría respondido a los intentos de desplazarlo, recuperando su capacidad de disciplinamiento político y reordenando a su antojo los puestos claves del Gobierno.
Pero no basta con sacrificar a una figura para purificar retrospectivamente a todos los demás. Peña no gobernó solo ni actuó en un vacío institucional. Hubo ministros, legisladores, organismos de control, autoridades partidarias y un vicepresidente que formaba parte de la conducción política del Gobierno.
Por ello, lo más indignante de su intento de defensa, fue la pretensión de convertirla en un ejercicio de intimidación intelectual y de utilizar la solemnidad del derecho para eludir preguntas políticas sustanciales. Es que la dignidad del derecho proviene de su capacidad para establecer límites universales a la arbitrariedad, lo que nos remite a una antigua distinción entre la legalidad de los procedimientos y la legitimidad de los fines que persiguen. El derecho pierde su dignidad, en sentido ético, cuando sus conceptos son manipulados deliberadamente para hacer pasar por justicia aquello que solo responde a la conveniencia del poder.
Cuando las garantías se invocan selectivamente, cuando los argumentos se sustituyen por insultos y cuando la legalidad pretende ocupar el lugar de la responsabilidad política, el derecho corre el riesgo de convertirse en una mercancía retórica al servicio de quien pueda pagar por su interpretación.
El problema de fondo no es, entonces, que un abogado defienda a un presidente cuestionado. El problema comienza cuando la defensa jurídica parece exigir la renuncia a toda responsabilidad ética frente a la sociedad. El derecho pierde su dignidad, al fin, cuando sus intérpretes pretenden convertir la justicia en una técnica para conservar privilegios. Y cuando una oligarquía se enfrenta consigo misma y el derecho se convierte en un recurso más de esa disputa, el desafío democrático consiste en resistir, con todos los medios posibles, e impedir que su ajuste de cuentas sea confundido con la justicia que el país necesita.
