Por su parte, el fiscal Diego Arzamendia aseguró a la misma emisora que apelarán la resolución de la jueza y afirmó que hicieron el trabajo correctamente. Desde el ministerio Público señalaron que solamente se pueden excluir pruebas que fueron tomadas ilegalmente (por ejemplo, una escucha o un allanamiento sin orden judicial), aclarando que este no es el caso porque se trata de una investigación sobre ejecuciones de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018.
Igualmente, la institución fiscal señaló que en la audiencia preliminar el juez no puede determinar algo contrario a lo que solicita la Fiscalía. Es decir, en esta etapa del proceso no se pueden valorar las pruebas, porque eso corresponde al tribunal de sentencia en un juicio oral.
Irregularidades. Garcete habló sobre sus fundamentos y señaló varias irregularidades en el trabajo de los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, encargados de la investigación. “En base a las nulidades y las exclusiones probatorias que se dan, no amerita que la causa se eleve a juicio oral, teniendo en cuenta que hay una orfandad probatoria luego de haber analizado minuciosamente las pruebas, que algunas son ilegales y otras nulas”, dijo.
No obstante, la jueza aseguró que para no “matar una causa tan importante para todo el país” el juzgado consideró darle un tiempo al Ministerio Público para poder realizar una correcta investigación.
Garcete explicó que el sobreseimiento provisional de los procesados va a cursar sobre el periodo comprendido desde el 2018 que es lo que todavía no tuvo cosa juzgada. Añadió que el resto de la investigación “y la porción de hechos entre el 2014-2015 ya tuvo un juzgamiento por un órgano constitucional y la Fiscalía ya tuvo participación y recomendó la aprobación de esta gestión”.
A su turno, el fiscal Diego Arzamendia adelantó que apelarán la resolución. Señaló que existen “muchísimos elementos probatorios” que apuntan a la culpabilidad de los Zacarías y los demás procesados.
Dijo que Sandra McLeod, entre los años 2014 y 2018, hizo pagos en concepto de publicidad y propaganda a Frontera Producciones con fondos de la Municipalidad. “Algunos de esos pagos fueron destinados para actos que no estaban en el contrato, pagos a periodistas, por espacio televisivo, por campañas políticas de la familia, incluyendo al hermano (Justo Zacarías)”, apuntó.
Reiteró que la familia utilizó dinero público para financiar campañas políticas. El esquema para desviar fondos de la Municipalidad se montó para pagar por otros conceptos que no estaban en los contratos y el perjuicio es de más de G. 1000 millones.
Además, el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, coadyuvante en la causa, señaló que existen fundamentos para elevar el caso a juicio oral. “Tenemos otros medios de pruebas para acreditar los hechos que se postulaban en la acusación. Estuvo respaldada con pruebas suficientes. No hay razones válidas desde una perspectiva objetiva para enervar la persecución penal de la Fiscalía”, aseguró.
La jueza Cinthia Garcete cuestionó el trabajo del Ministerio Público en el caso que envuelve a Zacarías, mientras que los fiscales afirman que hicieron bien el trabajo y que apelarán la decisión judicial.
No amerita que la causa se eleve a juicio oral, teniendo en cuenta que hay una orfandad probatoria.
Cinthia Garcete,
jueza.
Algunos pagos fueron destinados para actos que no estaban en los contratos (...), por campañas políticas.
Diego Arzamendia,
agente fiscal.
