El juez penal de Garantías Roberto Martínez hace doce años que tiene el privilegio de cobrar sin asistir a su lugar de trabajo. Hasta el año pasado percibía en concepto de salario G. 7.503.750. Haciendo una sumatoria de los 11 años con aguinaldo incluido, logró cobrar G. 1.073.036.250. En lo que va del año, en la nómina de la Corte Suprema figura que Martínez cobró G. 14.181.000, pero con el descuento es G. 11.912.040 y con el décimo tercer sueldo G. 154.856.520. Lo que da un total de G. 1.227.892.770.
Martínez fue suspendido en el cargo, con goce de sueldo, por disposición de la Corte en el año 2006, debido a presuntas irregularidades detectadas en su juzgado. El caso derivó inclusive en una imputación por parte del Ministerio Público por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima).
El ex fiscal y actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, fue quien presentó la imputación contra el magistrado por supuestamente haber pedido 3.000 dólares para ordenar el arresto domiciliario de un procesado por homicidio culposo.
La causa tuvo varios inconvenientes judiciales que retrasaron el caso y así terminó con la prescripción. Esto debido principalmente a que el ex ministro de la Máxima Instancia Judicial Víctor Núñez es amigo de Martínez. En los pasillos judiciales se decía que el magistrado era protegido del ex ministro.
SOBRESEÍDO. Incluso entre las idas y vueltas de la causa, el juez Rubén Ayala Brun había sobreseído definitivamente a su colega, pese al pedido de Giuzzio de elevar el caso a juicio oral y público.
El ex representante del Ministerio Público apeló en aquel entonces, mes de setiembre del año 2007, la decisión del juez Ayala.
El Tribunal de Apelaciones, 1ª Sala, semanas después, anuló la decisión de primera instancia y ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar, pero ante otro juez.
Cabe destacar que Ayala Brun fue suspendido también en el 2016 por beneficiar al supuesto narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, condenado por narcotráfico, con una resolución para evitar que el interno fuese trasladado del penal de Tacumbú a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Actualmente cuenta con otra suspensión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que la Corte no hizo efectiva.
El abogado Hugo López, ex defensor de Martínez, presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de los camaristas en noviembre de 2007.
Los ministros anularon la decisión del Tribunal de Apelaciones y dispusieron que una nueva cámara resuelva la apelación presentada por Giuzzio.
Finalmente, la jueza Edith Coronel prescribió el proceso, porque pasó el doble del plazo de la pena por el delito investigado. La Fiscalía apeló, pero la Cámara confirmó el fallo de Coronel. Pese a ello, no se le repuso a Martínez.
Un año para gestionar su jubilación
El juez penal de Garantías Roberto Martínez Cañete ingresó al Poder Judicial en el año 1995; es decir, ya cuenta con una antigüedad de 23 años, por lo que en un año más ya podría gestionar su jubilación. La Corte primero suspendió preventivamente sin goce de sueldo a Martínez; luego cambió la suspensión con goce de sueldo.La solicitud fue presentada por la entonces ministra Alicia Pucheta de Correa, quien afirmó que dentro del sumario se constató que su funcionario –igualmente imputado– Osvaldo Britos ejercía el cargo de practicante, sin reunir los requisitos para la labor que realizaba, hecho que debió haber sido observado por el magistrado. Actualmente ocupa su juzgado Rosarito Montanía.