El magistrado revocó las medidas cautelares de Gabriela Quintana y la declaró en rebeldía por lo que ordenó su captura.
La decisión es a raíz de que la procesada no presentó un nuevo representante para su defensa tras la renuncia de su abogado, Rodrigo González Planás. El juzgado le había otorgado un plazo de 72 horas.
Quintana fue sindicada como la niñera de las hijas del senador colorado Víctor Bogado. La misma fue acusada por la Fiscalía por los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa en calidad de autora.
Percibía un salario en la sede parlamentaria como funcionaria permanente y otro de Itaipú Binacional, como contratada, totalizando unos G. 14 millones al mes.
La investigación fiscal concluyó que Quintana Venialgo fue contratada por la Cámara de Diputados en julio del 2008 y luego nombrada en febrero del 2010, con una remuneración mensual al año 2013 de G. 13.237.400.
En febrero de ese año, Miguel Ángel Pérez, director de Gabinete de Presidencia de Diputados en el periodo en que Bogado se desempeñó como titular de la Cámara Baja, solicitó al entonces director paraguayo de Itaipú, Franklin Boccia, que contrate a Quintana Venialgo en la binacional.
Según la acusación, Pérez hizo los pedidos a nombre de Bogado y además solicitaba a Boccia que tras contratarla comisione a Quintana a la Cámara de Diputados, donde la misma ya estaba nombrada.
En marzo, Boccia accedió al pedido y Gabriela Quintana firmó un contrato con la hidroeléctrica con un sueldo mensual de G. 8.739.300. El escrito dice que el doble cobro fue posible debido a que el mismo Bogado solicitó por nota a Itaipú que Quintana sea comisionada al Congreso.
