El juez de Ecuador, Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra “ejecutoriado” o “en firme”, dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales par la “inmediata localización y captura” de los sentenciados.
Además de Rafael Correa, la orden pesa contra su ex vicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros ex funcionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción, que ellos niegan.
Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.
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El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena”.
Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de exmandatarios.
También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas (el Estado) del delito, sobre el comiso de bienes para cumplir con la “reparación integral” por un monto global de 14.745.297,16 dólares.
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En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito, se impone un pago de 778.224,017 a cada uno, mientras que una cuantía de 368.632,43 a los cómplices.
En cuanto a la decisión de condenar a los acusados con “medidas de reparación simbólica”, el tribunal manifestó que señalará hora y día para que lo hagan en la Plaza de la Independencia, en el casco colonial de Quito.
Asimismo, deberán colocar una placa en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro de la capital, con el siguiente texto en español y quichua: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética”.
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El pasado día 7, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recursos de casación interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.
El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
