CIUDAD DEL ESTE
El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de Alto Paraná, confirmó al juez penal de Garantías Amílcar Marecos en la causa Miguel Prieto Vallejos y otros, sobre lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
El expediente es conocido como el caso de las ollas populares, en el que se habría liberado fondos municipales, sin la contraprestación.
El proceso en la actualidad está en la etapa Intermedia, pero la audiencia preliminar prevista fue interrumpida por una recusación presentada por la defensa de uno de los acusados, por supuesta actuación arbitraria y parcial, en la etapa inicial.
En el caso está investigado el ex intendente Miguel Prieto y otros 11 coacusados, señalados por un supuesto desvío de más de G. 311 millones para una comisión de ollas populares, durante la pandemia.
La defensa de Marcos David Galeano Fernández, uno de los acusados, cuestionó al juez, señalando que se había extralimitado al imponerle medidas de oficio, como la prohibición de acercarse a la Municipalidad, sin un pedido expreso del Ministerio Público. Esta resolución había sido revocada por un Tribunal de Apelación.
Sin embargo, para la camarista Marta Acosta, preopinante, con adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, la recusación no reunió los presupuestos legales, como nuevos hechos graves que comprometan la imparcialidad del juez, y resolvieron mantenerlo en la causa. Marecos ahora deberá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar en el plazo de 3 días.
La Cámara fundamentó su decisión en que los argumentos de la defensa de Marcos David Galeano Fernández se limitaron a cuestionar el contenido de una resolución judicial previamente dictada por el magistrado, específicamente la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según el criterio del Tribunal, el hecho de que el juez haya adoptado medidas de oficio dentro del marco de sus atribuciones jurisdiccionales no constituye, por sí mismo, una vulneración a la imparcialidad ni un apartamiento de su rol natural como director del proceso penal.
En el caso se investiga a las subcomisiones “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” integradas por personas vinculadas entre sí, además de Prieto.
Fueron acusados el ex director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez Insfrán, los funcionarios administrativos Francisco Arrúa, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Jorge Rivas Rivas Aponte.
Le siguen los miembros de las comisiones Juan Esteban Quiroga Cañete, Marcos David Galeano Fernández, Mirta Battochi Oviedo, Luana Magdalena Silva, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez y Adriana Martínez.
Según los denunciantes, Prieto y Martínez habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020 con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares.
Estas subcomisiones, señalan, estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
