La audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó ayer ante el citado magistrado, que interina a su colega Humberto Otazú en la causa por violación a la ley de armas.
El fiscal Rogelio Ortúzar se opuso al pedido y requirió al juez que el imputado siguiera con prisión preventiva en el Departamento Judicial de la Policía Nacional.
En la diligencia, el abogado Atilio Gómez Grassi, padre del procesado, solicitó la libertad de su hijo. Ofreció como fianza real un inmueble valuado en unos 3.500 millones de guaraníes.
La defensa negó la propiedad de las 5 armas de fuego que no tenían documentos. Incluso, habló de que pudieron haber sido plantadas por la Policía.
El juez, por su parte, al analizar el pedido, señaló que no podía estudiar si las armas fueron plantadas o no por la Policía, que debía ser probado en otra instancia.
Después, calificó el hecho punible como detentación de armas de uso civil (las cinco son pistolas), sin documentación, por lo que la pena va hasta 5 años de cárcel. Ahí, el caso pasaba a ser delito y podían ser aplicadas medidas alternativas.
Así levantó la prisión y dispuso el arresto domiciliario. Además, decretó fianza real sobre el inmueble por 3.500 millones de guaraníes y fianza personal del defensor por 500 millones de guaraníes.
En el caso está procesada la esposa, Rosa Isabel Brizuela, quien fue hallada con 42 armas de fuego. Al final, solo cinco no tienen documentos.