El comandante de la Policía autorizó al director departamental de Itapúa que 70 efectivos acompañen a una actuaria para que, con una orden de un juez de Caazapá, ingrese a una propiedad de la familia Kaufmann, la cual tiene una superficie de 1.026 hectáreas 716 m², que había sido anotada en el Registro Público en el 2005.
Los problemas iniciaron en el 2018, puesto que 500 hectáreas de dicha finca se vieron afectadas por una superposición de líneas geográficas, con un título inscripto a nombre de la firma Barcos SA.
Sin embargo, ese título tiene “vicios insalvables”, expresó la abogada Vilma Díaz, ya que Registros Públicos sacó una resolución donde consta que la transferencia fue formalizada 6 años posterior al fallecimiento del primero y concluyeron que esta denuncia debía ser remitida a la Corte.
En el 2018, la familia Kaufmann inició un juicio y desde ese año cuenta con medidas cautelares y en febrero de este año se ordenó la reinscripción de las medidas cautelares.
Sin embargo, el juez de Caazapá, Carlos Rojas –hoy recusado– ordenó el ingreso y destrucción de la plantación (en plena cosecha).
“Hay preocupación de la inseguridad jurídica, que no le deja claro que a uno que tenga un título inscripto en el Registro, constantemente le deja en alerta a la familia Kauffman”, explicó el cónsul Karsten Friedrichsen. Mencionó que ya la escribana había tenido una causa por falsificación de documentos y que el proceso civil sigue su curso, pero con incesantes incidentes.
