Las agentes del Ministerio Público presentaron durante la tarde de este martes la casación ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de las dos resoluciones dictadas el pasado 30 de marzo, por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, que confirmaron la prescripción del delito de producción de documentos públicos de contenido falso, y sobreseyeron definitivamente al senador Hernán Rivas, por el uso de los documentos.
En el mismo recurso, además, requieren a los ministros que, por decisión directa, anulen la resolución del 10 de octubre de 2025, del juez de Garantías Miguel Palacios, que declaró la prescripción del delito de producción de documentos públicos de contenido falso en contra del legislador colorado.
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Con los recursos, las agentes fiscales no solo buscan anular el sobreseimiento, sino también que se repita la audiencia preliminar en la causa.
En su argumentación, las fiscalas calificaron las decisiones de los camaristas como “manifiestamente infundadas” y “arbitrarias”.
Según el recurso de casación, respecto a la resolución que ratificó la prescripción del delito de producción de documentos no auténticos, los camaristas incurrieron en errores graves al computar los plazos de prescripción.
Apuntan que el Tribunal basó su decisión de prescripción en una fecha (9 de junio de 2020, registro ante el Ministerio de Educación y Ciencias) que no forma parte del relato de la acusación original, modificando así la base fáctica del proceso.
Incluso, hacen un cuadro en el que van relatando lo que hizo Rivas, las fechas de inicio y la culminación de las conductas punibles, y las dividen en las tres conductas punibles.
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Igualmente, los agentes argumentaron que las conductas atribuidas a Rivas se extendieron en el tiempo, por lo que no puede aplicarse la prescripción.
Las fiscalas destacan que el uso del documento bajo sospecha fue continuo mientras ejerció funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), representando primero a la Cámara de Diputados hasta julio de 2023 y luego a la Cámara de Senadores hasta octubre de ese mismo año.
Justamente, las representantes del Ministerio Público refieren que la causa no prescribió, dado que el cómputo debe iniciarse desde la conclusión de la conducta punible en el 2023, y no desde trámites administrativos previos realizados en 2020.
De esta manera, las fiscalas piden anular la resolución que confirmó la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Segundo fallo
Después, respecto al segundo fallo, que sobresee definitivamente a Hernán Rivas, sostienen que hubo incongruencia y que carece de una estructura lógica legal, por lo que piden también la nulidad de la segunda resolución.
La representación fiscal solicita a la máxima instancia judicial que anule los fallos de segunda instancia, argumentando que se ha vulnerado el principio de congruencia y que las resoluciones carecen de una estructura lógica legal.
Finalmente, por decisión directa, las agentes piden también que se anule la resolución que dictó el juez de Garantías Miguel Palacios, con lo que buscan que se repita la audiencia preliminar.
En el caso, la Fiscalía acusó a Rivas por su presunto título falso de abogado, documento que le permitió jurar ante la Corte Suprema y asumir la representación de Diputados y del Senado ante el JEM.
