En entrevista exclusiva con Monumental 1080 AM, Legal respondió que no tomó atribuciones que no le correspondían.
“Lo que hizo esta magistratura es la comunicación inicial, incipiente en realidad, porque solamente describimos algunos hechos justamente para que puedan investigar o ahondar esa investigación. ¿Qué pasaba si yo solamente comunicaba básicamente diciendo, acá podría haber hechos punibles sobre personas innominadas? Me siento satisfecho de la manera en la que lo hice”, expresó.
El intercambio de mensajes tomó estado público la semana pasada tras una filtración a los medios de comunicación. Allí se observa cómo el ex diputado Lalo Gomes, con la intermediación de Orlando Arévalo, entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), operaba para salvar a juezas y fiscalas investigadas por mal desempeño de sus funciones. Además, se observa cómo Gomes operaba en complicidad con fiscales para trabar investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha alias Cabeza Branca, entre otras situaciones.
Legal comentó que solamente comunicó algunos de los hechos. “Es obligación legal de esta magistratura comunicar para la apertura de una causa. Pedimos al Ministerio Público ahondar las averiguaciones en más personas, en más hechos y así se hizo. Los artículos 284 y 286 del Código Procesal Penal refieren sobre la obligación de denunciar. Sorprende la posición del Ministerio Público”, aseveró.
CADENA DE CUSTODIA. Emiliano Rolón hizo énfasis sobre cómo el Ministerio Público perdió “la cadena de custodia” del celular de Gomes. Situación que perjudica la labor fiscal.
“La cadena de custodia perdió el Ministerio Público desde el mismo día en que se entregó al Poder Judicial. El único órgano que debe direccionar las investigaciones y la preparación del caso es la Fiscalía. El Poder Judicial no puede inmiscuirse en los actos de investigación, eso está establecido en el artículo 282 de procedimiento penal”, señaló.
Al respecto, el juez respondió que el celular se obtuvo tras una resolución judicial.
“Esa resolución es la que ordena la incautación de esas evidencias. El artículo 199 del Código Procesal Penal es bastante claro sobre cómo se obtiene esa información. Dice que el juez obtendrá o verificará para si porque en realidad el habilitado para saber lo meritorio de la causa es el juez”, explicó.
