EFE
El juez Steven Rhodes afirmó que Detroit, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas, que suman unos 18.000 millones de dólares.
“Esta ciudad, otrora orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas”, dijo Rhodes. “Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo”.
Los sindicatos de empleados públicos y los grupos de jubilados habían cuestionado la bancarrota, declarada en julio pasado, con el argumento de que la Constitución del estado de Michigan, al que pertenece Detroit, no permite reducciones en los planes de pensiones.
Detroit, devastada económicamente por la Gran Recesión y las transformaciones en la industria automotriz, es la octava ciudad estadounidense que se ha declarado en bancarrota desde 2012.
Rhodes dictaminó que, siendo ésta una bancarrota solicitada a un tribunal federal, no se aplica la ley de Michigan.
En una conferencia de prensa después del fallo judicial, el interventor municipal Kevin Orr exhortó a los sindicatos a que negocien las reformas, aun cuando éstos ya han tramitado una apelación de la decisión del magistrado.
El gobernador de Michigan, el republicano Rick Snyder, designó a Orr en marzo para que interviniera el municipio después de más de un año de negociaciones con los gobernantes elegidos de la ciudad en procura de resolver la crisis financiera.
Cuatro meses después Orr, un abogado especializado en bancarrotas de empresas privadas, presentó la solicitud de Detroit para acogerse a la bancarrota.
Orr dijo que presentará en la primera semana de enero un plan de reorganización financiera y espera que los sindicatos colaboren en las conversaciones con el alcalde electo Mike Duggan.
La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condado y Municipales presentó su notificación de apelación minutos después del fallo de Rhodes, y la abogada sindical Sharon Levine indicó que éste es el primer paso en un trámite que conducirá hasta el Tribunal Supremo de Justicia.
La ciudad ha perdido un 60 % de su población desde los años cincuenta, hasta unos 700.000 habitantes. Tan sólo entre 2000 y 2010 experimentó una salida de un cuarto de sus habitantes.
El dictamen de Rhodes afecta especialmente a los fondos de pensión municipales cuyos recursos son vitales para los 22.000 funcionarios públicos jubilados y los 10.000 empleados activos de la ciudad.
