El magistrado Vallisney de Oliveira, de una corte de primera instancia en Brasilia, dio seguimiento a la denuncia formulada por la Fiscalía contra el ex mandatario, en la que también figuran como acusados los ex ministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo Silva.
Todos ellos son investigados por haber recibido presuntos pagos ilícitos de parte de Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción destapado hace más de cinco años en la estatal Petrobras, a cambio de favorecer políticamente a esa compañía.
Con este nuevo juicio abierto, el ex jefe de Estado (2003-2010) responde a un total de nueve procesos penales, en dos de las cuales fue condenado ya por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
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En este nuevo caso, la Fiscalía sostiene que Lula y los dos ex ministros habrían aceptado en 2010 el pago de sobornos por valor de 40 millones de dólares, a cambio de aumentar, en beneficio de Odebrecht, la línea de crédito del banco de fomento brasileño para financiar proyectos en Angola.
Según el Ministerio Público, esa cantidad de dinero se habría puesto a disposición del progresista Partido de los Trabajadores (PT), que aún hoy sigue liderando Lula desde prisión.
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, dio por comprobado que recibió un apartamento de parte de la constructora OAS a cambio de favorecer a esa empresa.
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En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia ratificó esa sentencia y la amplió hasta los 12 años y un mes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (tercera instancia), la rebajó a ocho años y diez meses en abril pasado.
El mes pasado, la defensa del expresidente pidió al Tribunal Superior de Justicia que se le conceda el régimen abierto tras esta última reducción de pena.
No obstante, Lula recibió en febrero pasado una segunda condena de 12 años y 11 meses por corrupción dictada en primera instancia y pendiente de revisión en cortes superiores.
De confirmarse esa segunda pena en un tribunal de segunda instancia, el ex gobernante tendría que permanecer o volver a prisión, en caso, este último, de que fuera excarcelado al pasar a un eventual régimen abierto.
