02 mar. 2026

Juan Villalba pide anular fallo que elevó su caso a juicio

30151576

Acusado. Juan Villalba junto con su esposa en Tribunales.

archivo

Juan Villalba, el ex director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, pide anular la resolución del pasado 1 de noviembre dictada por el juez Raúl Florentín que dispuso la elevación de su caso por supuesta violencia familiar a juicio oral y público.

El recurso fue promovido por los abogados Gustavo Leguizamón Acha y Richar Saúl Rojas, en representación del acusado, en contra de la citada resolución.

En su escrito de 13 páginas, primero argumenta con respecto a la admisibilidad del recurso de apelación. Cita incluso fallos de la Corte Suprema al respecto.

En su recurso sostiene que hubo falta de fundamentación por parte del juez Florentín, al rechazar el pedido de sobreseimiento definitivo realizado por la defensa.

Remarca que, en todo caso, la conducta en cuanto a su cuñada, podría ser como máximo un caso de acción penal privada y no de violencia familiar, según dice.

Además, también apela el rechazo del pedido de separar los juicios. Dice que los hechos “no representan una unidad de acción o un solo hecho en sentido procesal, sino que son plataformas fácticas distintas, conductas distintas, horarios distintos (más de 4 horas después del primer hecho), modalidades distintas, víctimas distintas”.

Acota que “el único factor común es el supuesto autor y la calificación otorgada por la fiscalía, la cual es objetada” por la defensa en especial con respecto a su cuñada.

También recurrió el rechazo del pedido de suspensión condicional del procedimiento que fue presentado por la defensa.

Ahora, el juez correrá traslado al fiscal de la causa, para que conteste el pedido. Posteriormente, elevará el caso al Tribunal de Apelación Penal, que estudiará el recurso planteado por la defensa del procesado.

Más contenido de esta sección
Con el argumento de que la pena mínima sería 10 años y no de 5 años como sostiene la defensa, el juez Miguel Palacios rechazó esta siesta el pedido de revocar la prisión del procesado Reinaldo Javier Cucho Cabaña. Tampoco hizo lugar a la solicitud de libertad del ex diputado colorado Ulises Quintana, ambos acusados en el caso del Operativo Berilo.
El Tribunal de Apelación Penal destrabó el caso de la mafia de los pagarés, con relación al Juzgado de Paz de San Roque, con lo que el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, podrá fijar la audiencia preliminar. Los camaristas confirmaron el rechazo de acumular el expediente con el del Juzgado de Paz de La Encarnación.
El juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza, rechazó las salidas transitorias requeridas por la defensa del ex ministro de Educación Luis Alberto Riart, pero le otorgó permiso para trabajar bajo el régimen de semilibertad. Sin embargo, el condenado no aceptó las condiciones porque no se adecuaba al trabajo que realizaría y no tenía el dinero para la fianza impuesta.
Un hombre fue condenado a 17 años de años de cárcel luego de abusar sexualmente y de manera sistemática de su hermanastra de 12 años y dejarla embarazada. El hecho ocurrió en la ciudad de San Alberto, Alto Paraná, hace dos años.
El ex diputado Ulises Quintana, acusado en el caso del Operativo Berilo, solicitó en la mañana de este viernes, durante una audiencia de revisión, su libertad ambulatoria, tras revocarse las medidas sustitutivas que tenía de modo a realizar la audiencia preliminar. El juez Miguel Palacios deberá resolver la cuestión.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, recorrió en la mañana de este viernes los juzgados laborales junto con el ministro Luis María Benítez Riera. Entre otras cosas, señaló que existe un “retraso notorio” en el desembolso de los fondos del Poder Judicial, los cuales ya están presupuestados, por lo que debían coordinar con el Ministerio de Economía.