Julio Alonso, representante legal de Ortiz, presentó una denuncia contra personas innominadas, por prevaricato, producción de documentos no auténticos y persecución a un inocente, en relación a la entrega de datos de la extracción de llamadas de la empresa telefónica Tigo, relacionadas a la quema del Congreso y asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana.
“La empresa Tigo brindó las grabaciones solicitadas sin ningún tipo de control ni verificación”, explicó Alonso a la 780 AM.
Alegó que su defendido se comunicó con el comandante de la Policía en la noche del 31 de marzo, como cualquier ciudadano preocupado por lo que estaba ocurriendo en el Congreso.
“José Ortiz es amigo del presidente y de muchas personas más porque es del sector privado. También tiene una amistad del entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo”, argumentó el abogado.
En el oficio presentado ante la Fiscalía solicitan que se inicie una investigación para obtener datos. Piden además al juez Alcides Corbeta que remita una copia autentificada del documento que fue enviado a la Empresa Telecel, sobre los registros de las llamadas solicitadas.
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La empresa de telefonía celular Tigo entregó, semanas atrás, los datos sobre el cruce de llamadas que se realizaron en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del año pasado al Juzgado.
El pedido se realizó por solicitud de los familiares del joven liberal, asesinado en la sede del PLRA, tras el ataque de los uniformados que, según la investigación fiscal había sido encabezado por el comisario Tomás Paredes Palma, ex jefe del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía.
La representante del Ministerio Público asegura que esos documentos aparecen con números de causas y de unidad fiscal que no corresponden, refiriéndose a que salieron de la Fiscalía de J. Augusto Saldívar.
