Paralelamente, el abogado Guillermo Duarte oficializó ayer el pedido de intimar por 24 horas a la firma Núcleo, con el propósito de que remita los informes solicitados por el Juzgado, bajo apercibimiento de ser denunciados y que se allanen sus oficinas.
Con respecto a la fiscala Silvana Otazú, la agente hizo el pedido y retiró dos CD que fueron presentados por la firma Telecel SA (Tigo), a raíz del pedido de informes, y de la firma Claro SA.
El juez de feria, Hugo López, que interina a su colega Alcides Corbeta, dispuso la entrega de los materiales bajo acta y lacrados, los cuales fueron derivados al Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Sin embargo, el abogado Guillermo Duarte se quejó de que se hayan entregado los CD originales, sin que se les haya entregado una copia.
Explicó que esperan que el Ministerio Público les entregue una copia para realizar el informe del cruce de llamadas para determinar quién dio la orden para el atraco al PLRA.
INTIMACIÓN. Los abogados querellantes, Guillermo Duarte y Santiago Lovera, además, oficializaron su pedido de intimación a la firma Núcleo SA, a modo de que la firma sea intimada para presentar los datos pedidos sobre los extractos de llamadas.
Refieren los profesionales que piden reiterar el oficio a la citada firma, bajo apercibimiento de que en caso de que no lo hagan se remitirán los antecedentes al Ministerio Público por los supuestos delitos de desacato y obstrucción de la persecución penal.
Además, requiere que se les advierta de que se podría allanar sus oficinas para que entreguen los datos solicitados.
Indica que el 12 de enero pasado, la mencionada empresa contestó el oficio donde indica que dos números telefónicos están registrados en su compañía.
Si bien informó los datos de los titulares, no remitió los extractos de llamadas con el argumento de que pasó el plazo de seis meses. Sin embargo, señala que la empresa no dice que no posea los datos.
Argumenta también que las firmas Telecel y Claro sí lo hicieron, con lo que se puede presumir que Núcleo SA también los tenga y si no los remite es por su propia voluntad, remarcan los querellantes.
