30 ago 2026

JEM debe resolver caso de juez que benefició a ex jefe comunal

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Mansión. Comitiva policial y fiscal allanó una lujosa vivienda de Wilfrido Cáceres Flores.

ARCHIVO ÚH

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) comenzó el conteo de 20 días hábiles para expedirse sobre la actuación del juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, en la causa conocida como detergentes de oro, donde se investiga un presunto daño patrimonial de casi G. 2.000 millones a la Comuna capital. El plazo para que los miembros del órgano constitucional decidan una investigación o un enjuiciamiento se cumplirá el próximo 28 de marzo.

En la causa, el magistrado concedió la libertad ambulatoria a Wilfrido Cáceres Flores, ex director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, porque consideró que no existía peligro de fuga ni de obstrucción en la investigación.

La resolución del JEM se dio a pedido del ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo, nuevo presidente del Jurado, quien se hizo eco de la publicación de Última Hora titulada “Ex jefe de Gabinete de Nenecho, con libertad en caso de los detergentes”.

En la misma causa, el juez Estigarribia determinó las medidas alternativas a la prisión para el actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, como una fianza real de G. 500 millones, una comparecencia trimestral y la obligación de comunicar cada salida y retorno al país.

Rodríguez está imputado por los hechos de lesión de confianza (corrupción) y asociación criminal.

La investigación lo señala como el líder de una organización que simuló compras de detergentes y desinfectantes con los fondos destinados para la emergencia sanitaria por el Covid-19, una enfermedad que provocó en confinamiento a nivel mundial y se cobró la vida de millones de personas.

Junto con Rodríguez, otros 10 funcionarios de la Municipalidad de Asunción fueron procesados, entre ellos los directores Wilfrido Adrián Cáceres López, de Administración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal; y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, quien había asumido en reemplazo de López cuando se encontraba con reposo médico y, al mismo tiempo, ejercía sus funciones como titular de la Dirección Administrativa de la misma dependencia.

Los otros procesados son David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa, representantes de DFR; Juan Rodríguez y Jorge Argüello, pertenecientes a COVA; María Digna Méndez, de M&F; y el clan familiar que opera con Bastian Comercial: María Victoria Cano Rodríguez, Pedro Ramón Cano Torres, Antonio Cano Villagra y Benicio Antonio Cano Martínez.

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