Según informaron, las magistradas Carmen Elizabeth Silva Bóveda, Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Carolina Soto González integran el único Tribunal de Sentencia de Amambay y quedarían afectados centenares de juicios.
Las juezas habían sido enjuiciadas en el JEM en abril de este año, luego de un año de investigación. Allí también decidieron enviar un pedido de suspensión ante la Corte Suprema.
Ayer, en sesión del Jurado de Enjuiciamiento, el ministro Manuel Ramírez Candia dio a conocer que las magistradas presentaron una nota el pasado 13 de mayo donde firma el presidente de la circunscripción de Amambay Luis Alberto Benítez Noguera.
Escribió él que hay una elevada cantidad de juicios orales pendientes a ser realizados –específicamente 220– y que el único Tribunal de Sentencia integran las enjuiciadas.
El presidente pidió tener en consideración eso, “atendiendo que la decisión tomada tendrá repercusión directa en la administración de justicia”, según leyó Ramírez.
La propuesta fue puesta a disposición de los miembros y votaron por revocar el pedido de suspensión: el ministro César Garay, Enrique Berni, el senador Derlis Maidana, y la presidenta del JEM, Alicia Pucheta.
Los que no votaron fueron los diputados Orlando Arévalo (porque estaba ausente) y Alejandro Aguilera; este último porque no estuvo en la sesión donde se decidió la suspensión y no puede revocar una resolución por la cual no votó, explicó.
SOSPECHAS. El Jurado, en mayo del 2023, había iniciado de oficio una investigación, por supuestas irregularidades que habrían cometido las juezas y luego de casi un año fueron enjuiciadas por supuesto mal desempeño de funciones.
LA ABSOLUCIÓN. Fue en noviembre del 2022 que el Tribunal de Sentencia había dejado libre al sospechoso.
Sin embargo, esa absolución fue revocada en marzo del 2023, por un Tribunal de Apelación, por lo que Waldemar debe ir a un nuevo juicio oral. Se había juzgado el homicidio del periodista brasileño Lourenzo Veras, ocurrido en febrero del 2020 en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Según las investigaciones, el comunicador iba recibiendo amenazas aproximadamente desde el 2013 y según fuentes, en sus últimos días también vivió bajo advertencias.
Se sospecha que Waldemar había llegado junto a otras dos personas hasta la vivienda de Veras a bordo de una camioneta de la marca Jeep, Renegade, desde donde realizaron disparos contra el periodista, quien murió de manera instantánea.
La causa finalmente llegó a juicio, pero según las juezas, no se probó los hechos. Tan solo tres horas después de la sentencia, Cachorrão fue liberado.
HISTORIAL. Según investigaciones, Pereira sería parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).
También se lo sindica como presunto brazo importante de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco.
Además del caso del periodista, su nombre es uno de los que se barajó sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, quien en su momento lo había investigado. Incluso su celda había sido requisada, buscando datos del autor moral. Llamó la atención que mientras se lo investigó, le dejaron escapar, pese a que había una orden de captura desde Brasil.
