La suerte de las reformas plantea interrogantes en varios ámbitos: La devaluación de 50% y la liberación de precios impulsó la ya alta inflación, que cerró 2023 con 211% anual y, según analistas, en enero igualará el 25,5% mensual de diciembre. El salario mínimo es de 150.000 pesos (172 dólares) y la canasta alimentaria de un hogar de cuatro personas de 240.000 pesos (277 dólares).
La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios, y también golpea los ingresos de las empresas.
Las reservas monetarias internacionales aumentaron 4.000 millones de dólares, a 25.000 millones de dólares, gracias al incremento de la recaudación por mayor monto de exportaciones y a compras realizadas por el Banco Central para recomponer este stock de divisas.
La otra cara de la moneda se observa en el sector importador: la industria automotriz, por ejemplo, enfrenta dificultades para hacerse de las divisas necesarias para comprar las partes que necesita en el exterior.
El FMI ha acogido con beneplácito el ajuste del gasto que impulsa el gobierno y acordó reflotar un programa crediticio por 44.000 millones de dólares con Argentina.
“Estamos tomando medidas que son desagradables y que van en contra de nuestras propias convicciones, como aumentar algunos impuestos”, dijo el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los mayores sindicatos del país organizaron el miércoles una huelga general que movilizó a decenas de miles bajo el lema “La patria no se vende”, primera gran manifestación contra el ajuste fiscal y las reformas de Milei.
El gobierno minimizó la protesta, calificó a los sindicalistas de “mafiosos” y dijo que mantendrá su “norte”: El déficit fiscal cero en 2024, a través de drásticos recortes de gastos a “la casta política”, que según la oposición afectan al funcionamiento básico del Estado, y a jubilados y beneficiarios de asistencia social.
Varias encuestas atribuyen a Milei una imagen positiva cercana al porcentaje que lo llevó al poder en el balotaje del 19 de noviembre, cuando obtuvo el 55,6% de los votos.
“El mejor escenario es que después de 2023, que arrancó con 6% de inflación (mensual) y terminó con 25,5% y 211% de inflación acumulada, el año 2024 arranque en la zona del 22,5% y termine en la zona de 6%, y que la inflación acumulada sea de 200”, resumió la economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go Consultores.
GOBERNABILIDAD. Pero advirtió que la gobernabilidad es uno de los vértices -junto a los programas de estabilización y reformas- que necesita dominar Milei, y este aspecto es aún “un gran signo de pregunta”.
Milei envió a un Congreso muy fragmentado –su partido es tercera minoría– una ley ómnibus de 660 artículos con reformas a leyes y normas de todo tipo, cuya meta central es reducir el rol del Estado y liberalizar al máximo el sistema económico.
OBJECIONES A LA REFORMA. Por las objeciones opositoras, el gobierno retiró casi 150 reformas del texto original, pero solo logró apoyo ajustado para debatir la ley la próxima semana.
La oposición rechaza impuestos a exportaciones regionales, rebaja de jubilaciones, el control por parte del Ejecutivo de un fondo de ahorro previsional de más de 20.000 millones de dólares, privatizaciones y la delegación al gobierno de facultades legislativas.
La consultora Abeceb indicó en su último informe, en referencia a las medidas de Milei, que “Argentina es un país con un largo historial de reformas –de diferente orientación– caídas por falta de sustento político o de consistencia técnica”, y advirtió sobre la “inseguridad jurídica” que conlleva este “cambio frecuente de reglas de juego”.
La otra gran iniciativa política y económica de Milei se resumió en un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos y cuya validez ha cuestionado la mayoría de los constitucionalistas. “El DNU fuerza límites aceptados por la Constitución, o directamente la viola”, resumió el constitucionalista Félix Lonigro.
La justicia aceptó ya más de 60 amparos contra el DNU presentados por sindicatos, provincias, organizaciones y particulares. Algunos fallos suspendieron parte del mega decreto (su capítulo laboral) y la Corte Suprema puede declararlo inconstitucional.
Antes, el Congreso debe analizar la “necesidad y urgencia” del DNU, que sólo puede quedar políticamente invalidado con el rechazo de ambas cámaras.
