El programa Ñane Energía establece que Itaipú y Yacyretá deberán entregar USD 150 millones anuales de sus fondos sociales a la ANDE, para poder sostener la reducción de las tarifas a favor de los consumidores. Tanto Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY, y José Alderete, director de Itaipú, manifestaron que la puesta en práctica de la ley es imposible, ya que no hay recursos asegurados para ese propósito. Duarte Frutos explicó que los gastos de responsabilidad social y ambiental no están definidos en el Tratado de Yacyretá, y los recursos para inversión social son incluidos en los costos de explotación y no corresponden a ingresos fiscales ni montos permanentes para cada país.
Añadió que se está impulsando un programa de reducción de los gastos de explotación en un lapso no mayor de cuatro años, contados a partir del ejercicio 2018. Incluye la totalidad de los gastos directos e indirectos de explotación, gastos sociales y medioambientales, más las inversiones. Apuntó que Yacyretá se encuentra inmersa en un proceso de ordenamiento económico y financiero, a través de la Nota Reversal 02/17.
Alderete destacó que Itaipú encara actualmente millonarias inversiones, como la construcción de los nuevos puentes internacionales, así como el financiamiento para fortalecer a la ANDE. Dijo que se están tomando medidas para reducir gastos y así mantener la tarifa de venta actual. Remarcó que los gastos sociales no son fijos y si quiere imponer aumentos, el precio de venta de Itaipú también puede subir, lo que Brasil y Paraguay no apoyan.
