De acuerdo con este portal, el Tribunal de Cuentas pidió celeridad en la preparación del material que será utilizado en la renegociación del tratado, ya que el personal técnico del tribunal identificó que los consumidores brasileños están subsidiando las facturas de los paraguayos, a través de la opción del Gobierno paraguayo de comprar energía más barata de la represa.
Según la auditoría del TCU, Paraguay tiene contratadas potencias inferiores a sus necesidades reales y compensó ese desfase con el uso de esa energía libre, que sería el excedente producido por la planta, que puede contratarse a precio de costo al final del año. “En el 2019, por ejemplo, el coste de la energía no vinculada a la potencia contratada fue de 6,07 dólares/MWh, mientras que la energía vinculada costó 43,87 dólares/MWh”, destaca la publicación.
El fallo del TCU menciona que, como resultado de este procedimiento, en el 2020 los consumidores paraguayos contribuyeron con el 12% del costo de la planta, pero se beneficiaron de más del 20% de la energía generada por Itaipú. La instancia también ordenó al Ministerio de Minas y Energía, junto con la ENBPar (Empresa Brasileña de Participações em Energia Nuclear e Binacional SA), calcular, en un plazo de 30 días, el monto total del desequilibrio provocado por esta “maniobra de los paraguayos”.
Según cálculos realizados por Itaipú, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se benefició con alrededor de USD 2.100 millones, de acuerdo con el portal.