Itaipú no debe seguir tolerando el contrabando en su territorio

Un paciente trabajo de relevamiento de reporteros de ÚH, con el respaldo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) en alianza con Connectas, ha permitido ubicar en mapas satelitales la localización exacta de la mayoría de los puertos, así como contar con imágenes de los momentos en que se procede a cargar las embarcaciones con enormes cajas cubiertas con embalajes de plástico, que según los informes contienen principalmente cigarrillos, productos electrónicos e informáticos, entre otros rubros, incluyendo en muchos casos drogas y armas, que son llevados en forma clandestina a territorio brasileño. Igualmente, desde el otro lado se ingresan mercaderías diversas.

En realidad, esta situación de corrupción e ilegalidad se arrastra desde hace mucho. A principio de los años 80, los gobiernos de Brasil y Paraguay expropiaron 180.000 hectáreas de tierras como áreas de reserva y franjas boscosas de protección para proteger las aguas del embalse, con una extensión de 1.524 kilómetros en el lado paraguayo, desde la ciudad de Hernandarias hasta Salto del Guairá. En esta zona, que debe estar cuidada y protegida por guardaparques y efectivos de seguridad de Itaipú, se ha permitido que se establezcan los llamados “puertos clandestinos” para facilitar el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas y hasta la trata de personas.

Aunque se han realizado intervenciones y decomisos por parte de organismos de seguridad del Estado y del sistema de Justicia en determinados momentos, la mayor parte del tiempo se permite que los puertos operen sin problemas a ambos lados de la frontera. Las máximas autoridades de Itaipú como la mayoría de los funcionarios saben de su existencia, también altas autoridades regionales y nacionales lo saben, siempre lo han sabido. Las versiones apuntan a que los protectores o “padrinos” de cada puerto son personas influyentes en esferas del Gobierno y demás poderes del Estado.

Uno de los últimos sonados casos de intervención ocurrió en diciembre de 2018, cuando la Unidad Interinstitucional para Combate al Contrabando (UIC) allanó siete puertos clandestinos en la zona de Salto del Guairá, decomisando más de cinco millones de cajetillas de cigarrillos listos para el embarque ilegal. Sin embargo, muchos otros puertos perfectamente identificados en los mapas publicados por este diario no han sido objeto de más intervenciones.

Al admitir esta actividad criminal dentro de su territorio, entre otras irregularidades, las autoridades de Itaipú son cómplices de la corrupción y del crimen organizado. El proceso para la renegociación del Tratado debería contemplar también expulsar a los traficantes y recuperar las zonas de reserva de la represa.