Finalmente, se acabó de pagar la deuda claramente injusta para Paraguay tal como lo señalan múltiples informes nacionales e internacionales. Uno particularmente importante es el de la Contraloría General de la República, que calificó de “ilegal” la deuda que benefició a Brasil en detrimento de Paraguay.
Se tardaron 50 años en cancelar la deuda histórica que Itaipú Binacional contrajo por la construcción de la hidroeléctrica, con el último pago de USD 115 millones a fines del mes pasado.
Entre 1985 y 1997, a excepción de 1991, el ente binacional aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad, facturando menos. Esto se realizó a solicitud de los representantes brasileños, quienes alegaron dificultades económicas en el vecino país y tuvo la aprobación de las autoridades paraguayas, cuya actuación terminó perjudicando a nuestro país.
Con esta rebaja, Itaipú dejó de percibir USD 1.700 millones y se generó a la par una deuda de USD 4.193 millones en contra de los intereses de la binacional y a favor de Eletrobras, según documentó la auditoría; aludiendo que la deuda de la entidad se terminó de pagar hace años.
Los informes señalan que finalmente el costo de la construcción superó los 60.000 millones de dólares.
No obstante la pérdida que sufrió Paraguay durante todos estos años, la cancelación de la deuda es sumamente positiva para nuestro país sobre todo si es que la próxima negociación se realiza haciendo valer la soberanía nacional y se busca que ambos países ganen y se obtengan beneficios mutuos.
El término de la deuda elimina la necesidad de la erogación de USD 2.000 millones que se venían pagando de forma anual, con lo cual Paraguay dispondrá de la mitad, es decir, USD 1.000 millones que deberán ser estratégicamente aprovechados.
La población paraguaya debe empezar a sentir los beneficios de manera directa, ya sea a través de la reducción de la tarifa que paga, de una mejor calidad de la energía que recibe y de mejores empleos gracias a un cambio en la matriz productiva derivada de la diversificación y de un aumento en los niveles de valor agregado.
La propuesta paraguaya para la negociación debe ser capaz de integrar las múltiples necesidades que enfrenta el país y lograr que se combinen de manera eficaz objetivos de corto, mediano y largo plazo.
La economía y la sociedad paraguaya están en un momento clave de inflexión en el que se requiere una planificación inteligente de acciones, de manera a mejorar la calidad de vida en el corto plazo y proyectar una transición económica hacia un modelo que genere más empleos y de mejor calidad.
Quienes tengan la gran responsabilidad de llevar adelante la negociación deben contar con un plan que, a la vez de asegurar una mayor calidad de energía fortaleciendo la infraestructura de transmisión y distribución, muestre a la ciudadanía resultados concretos en su vida cotidiana.
Lograr esos objetivos implica una fuerte decisión política y compromiso con el bien común que se observa muy poco en las políticas públicas, muchas de las cuales solo han garantizado la persistencia de privilegios a sectores minoritarios y con escaso o nulo impacto en el resto.
El plan negociador debe poner como objetivos de impacto a la gente, yendo más allá de los indicadores tradicionales de infraestructura, alejados de las necesidades de la mayoría de la población, de las pequeñas y medianas empresas y de los desafíos que impone un crecimiento inclusivo y ambientalmente sostenible. Se deben aprovechar las oportunidades para nuestro país, para mejorar la calidad de vida en el corto plazo y una transformación en el modelo de crecimiento; ese debe ser el objetivo.
