El informe de la Itaipú Binacional al Congreso sobre los contratos de cesión de su franja de bosques de protección del embalse firmados con clubes y condominios privados de lujo dice que se realizan en el marco de su Plan Director y Manual de Procedimientos de Gestión Ambiental, y son para “fomentar el desarrollo social, económico, ambiental y cultural” y “potenciar el desarrollo turístico”, pero los únicos beneficiados son unos pocos empresarios de alto vuelo con sus emprendimientos privados.
Los tres casos detallados al Congreso son los publicados por la investigación de ÚH, que reveló cómo estas empresas logran utilizar las tierras de la binacional, mientras que los indígenas que fueron desterrados y reclaman la recuperación de sus tierras ancestrales viven bajo amenazas y denuncias de desalojo.
El informe reconoció que Club Náutico Hernandarias explota hace 23 años el área prioritaria sin contrato, pero que le sería concedido.
También señalaron el caso del Santa Helena Country & Marina Club, justificando las violaciones que realizó al contrato que firmó con la binacional en el 2006 por 15 años de cesión de uso (hasta el 2021).
COSTA DEL LAGO. El informe de Itaipú al Congreso también detalla el caso del condominio Costa del Lago, explotado por la firma Corporación La Esperanza SA, cuyos directivos Luis Saccarello y Adriana Saccarello de Faccas fueron los que firmaron en el 2015 el contrato de cesión de uso de la franja por cinco años (hasta el 2020).
Ambos directivos firmaron el documento, pero bajo la figura de “Asociación Civil Club Náutico Costa del Lago”, no como Corporación La Esperanza SA.
El detalle a tener en cuenta en este caso es que esta misma empresa fue denunciada en mayo del 2012 por la propia Itaipú Binacional ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de hecho punible contra el medio ambiente, tras comprobar que afectó un humedal colindante a la reserva Tati Yupi.
El antecedente figura en el sitio web de la propia Itaipú Binacional, donde se detalla que el abogado denunciante fue Víctor Daniel Romero, Jefe del Departamento de Derecho Ambiental de Itaipú.
El informe indica que en ese entonces, Itaipú solicitó la toma de intervención legal y formular manifestación en la causa N° 4600/12, caratulada como Ministerio Público sobre Investigación de Supuestos Hechos Punibles de Transgresión a la Ley 716/96.
“El humedal se encuentra dentro del predio que desemboca en el cauce del arroyo Tati Yupi y en el lugar mencionado se está construyendo un camino de tierra que cruza el humedal dejando en los bordes canales por donde circula el agua y remoción de suelo en el borde del humedal. Asimismo, en el lugar se constató la presencia de aves características de la zona del humedal”, dice el informe publicado por Itaipú en el 2012, que también agrega que la empresa no contaba con licencia ambiental.
En ese entonces, el humedal fue afectado solamente en dos hectáreas de la propiedad de la empresa, que pagó de multa a la entonces Secretaría del Ambiente (Seam) 350 jornales mínimos, equivalentes a unos G. 22 millones.
A la fecha, la empresa construyó encima del humedal un lago artificial y realizó más rellenos, afectando ya casi todo el humedal de unas 50 hectáreas.
A partir de las publicaciones de ÚH, el Ministerio del Ambiente realiza fiscalizaciones a la empresa y está en proceso un sumario a la misma por aparentes irregularidades, según explicó el director de Fiscalizaciones del Mades, Julio Mareco.
El informe de Itaipú no menciona en ningún momento este antecedente. El área cedida es 6.198 metros cuadrados a cambio de reforestar unas 13 hectáreas de la zona, afectada por cultivos de soja, según señalaron los propios directivos de la empresa, quienes también hablaron de incendios provocados por parte de terceros.
