Cáceres expresó que la propuesta, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, preocupa a la entidad y aclaró que los paraguayos mencionados en el plan normativo no fueron trabajadores de Itaipú sino de empresas contratistas. Adelantó también que la acción de inconstitucionalidad es el camino jurídico de la IB en caso que la ley sea promulgada.
“De hecho hemos promovido en el pasado inconstitucionalidades sobre algunas leyes en donde para nosotros estaba en detrimento de lo que establece el Tratado de Itaipú”, afirmó el director general. Dijo que también dialogarán con los legisladores para que el proyecto no sea sancionado.
Agregó que el proyecto va en contra de los principios jurídicos y que Brasil nunca pagó compensación a empleados tercerizados. “Brasil pagó a empleados de la Itaipú Binacional que reclamaron sus derechos en tiempo y forma”, explicó.
Afirmó que los recursos solicitados crean una gran dificultad, porque son más de USD 900 millones que podrían invertirse en muchos otros proyectos y para cuya aprobación se necesita el visto bueno del Consejo Binacional. “Es lo que cuesta la actualización tecnológica de la entidad”, señaló Cáceres a modo de ejemplo, plan que por cierto se culminará en 14 años.
Obligación. El director general insistió que el proyecto de ley pretende obligar a la binacional sobre contratos laborales en los que no fue celebrante. Reiteró que han compartido con los parlamentarios los argumentos de la inviabilidad del pedido de los ex obreros y que la Binacional mantiene su postura con base en fundamentos jurídicos.
Cáceres subrayó que “es muy difícil” que el Consejo binacional apruebe recursos exigidos por la ley de un país, porque eso implica modificar el Tratado de Itaipú.
Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda también se considera que la propuesta, que prevé beneficiar a 15.000 personas, es “inviable”, observando impedimentos no solo financieros, sino también jurídicos y sociales.
En efecto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), abogado Rodolfo Barrios, afirmó que Itaipú no se rige por leyes internas, sino por tratados internacionales y se está planteando obligar a la entidad a realizar los pagos cuando ya no existe un vínculo laboral.
Por otro lado, Barrios señaló que se estaría vulnerando el principio de cosa juzgada si se aprueba el proyecto, porque hay varios casos de ex obreros que demandaron a Itaipú y hubo resoluciones que declaraban que los derechos estaban prescriptos.
Tratarán la tarifa
Por otro lado, autoridades de Itaipú confirmaron que el próximo martes 28 de junio se realiza la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la entidad. Recordemos que en la sesión se buscará, una vez más, acordar la tarifa 2022 de la entidad. Este mes, tras un encuentro entre los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, el mandatario paraguayo indicó que el país plantea ahora una tarifa intermedia de USD 20,7 kW/mes, mientras los brasileños buscan confirmar los USD 18,95 kW/mes.
USD 940
millones es lo que le costaría al Estado paraguayo indemnizar a los ex obreros de la Itaipú, aproximadamente.
