Durante el encuentro, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, abordaron la creciente incidencia de los amparos judiciales en el presupuesto de la previsional.
Según explicó Fretes, estos procesos representan actualmente una erogación superior a los G. 11.000 millones y, en muchos casos, corresponden a obligaciones que no están contempladas dentro del presupuesto institucional.
“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la institución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el presidente del IPS.
Asimismo, mencionó que se tiene más de G. 11.000 millones de deuda arrastrada por amparos judicial y que se trata de una institución que está mal económicamente. Por otro lado, no se encuentra dentro de lo presupuestado, por lo que se corre el riesgo de entrar en malversación.
Fretes destacó que la reunión trascendió el ámbito protocolar y permitió iniciar una agenda de trabajo conjunta orientada a encontrar soluciones estructurales para una problemática que afecta a todo el sistema de salud.
Como resultado del encuentro, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de conformar una mesa técnica multidisciplinaria que analice los alcances de los amparos judiciales y proponga alternativas que permitan atender las necesidades de los pacientes sin comprometer la estabilidad financiera de los entes involucrados.
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El director Jurídico del IPS, el abogado Pablo Morínigo, explicó que la institución cumple con sus obligaciones hacia los asegurados, pero consideró necesario establecer criterios más claros respecto a las responsabilidades de cada organismo del Estado en los casos que llegan a la vía judicial.
“Entendemos que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben participar otras instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como garante de la atención sanitaria de toda la población”, expresó.
Durante la reunión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó su respaldo a la conformación de una mesa técnica de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, el IPS, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y universidades que cuenten con hospitales, con el fin de generar propuestas que permitan armonizar la protección de los derechos fundamentales con la sostenibilidad de los servicios de salud.
Las autoridades coincidieron en que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones será clave para garantizar una atención oportuna a los pacientes y fortalecer los mecanismos de respuesta del sistema sanitario nacional.
Acompañaron al titular del IPS los miembros del Consejo de Administración Emilio Argaña, José Jara, Bettina Albertini y Mirtha Arias, además del director Jurídico de la institución, Pablo Morínigo.
