20 feb. 2024

IPS: Una reforma necesaria

En la semana el Congreso aprobó el endeudamiento solicitado por el Instituto de Previsión Social (IPS) para refinanciar a largo plazo la deuda de corto plazo, mucho de ella ya vencida, con sus proveedores de insumos, medicamentos y servicios relacionados a su programa de cobertura de salud a los asegurados y sus beneficiarios.

No voy a considerar la conveniencia o no de esta medida que, por las circunstancias en las que fue presentada de una probable interrupción en la entrega de insumos críticos que afectaría severamente la prestación de servicios esenciales del IPS a sus asegurados, no hay alternativa posible. Es responsabilidad de los administradores que tomaron decisiones financieramente insostenibles en el pasado y que impone al Congreso y a la sociedad en su conjunto a una encrucijada de hierro en la actualidad, o se aprueba la deuda o se produce una crisis sanitaria y social en el IPS.

Sin embargo, los actuales administradores ni el Gobierno tampoco presentaron alguna propuesta de reforma para corregir los graves desequilibrios financieros que enfrenta el programa de salud previsional del IPS. En un artículo anterior presenté algunos cálculos que realicé con base en datos del IPS que muestran que el déficit del programa de salud es crónico, no transitorio, y pasó de USD 70 millones en el 2018 a aproximadamente USD 187 millones en el 2021 representando el 0,5% del PIB, un crecimiento exponencial. Esto como consecuencia de los amplios beneficios y coberturas que provee el IPS a sus asegurados, cuyos costos no pueden ser solventados con el 39% de las contribuciones obreras y patronales que percibe el IPS que son asignadas al programa de salud, sin considerar las ineficiencias que pueden existir en la gestión. Es más, las contribuciones apenas cubrieron alrededor del 70% de los costos en los últimos años.

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Para reencauzar la sostenibilidad, se requiere un plan de reformas y de ajuste fenomenal en el corto plazo. Sin cambios, la necesidad de nuevos endeudamientos para cubrir el déficit será recurrente. En varios artículos en los últimos años he abordado la necesidad de una reforma estructural del IPS; sigo pensando que es la solución más adecuada. En casi ocho décadas de existencia, el IPS apenas alcanza a cubrir a poco menos del 40% de su población objetivo, los trabajadores del sector privado en relación de dependencia. Si consideramos que el sistema de seguridad social debiera abarcar a todos los trabajadores, incluso los que trabajan por cuenta propia, su cobertura se reduce a apenas el 20%, dejando fuera del régimen al 80% de los trabajadores del país. ¿Por qué la cobertura es tan baja luego de tanto tiempo? La hipótesis más certera es que la elevada carga que representan las contribuciones sobre el ingreso disponible de los trabajadores y sobre los costos de las empresas, versus la baja calidad de los servicios prestados, incentivan la evasión de las contribuciones y fomenta la informalidad laboral como consecuencia.

El aporte obrero-patronal al IPS, al SNPP y al SENEPA representa el 25,5% del salario nominal del trabajador, una carga tributaria muy superior al IVA, al impuesto a la renta empresarial y al impuesto a la renta personal que están en el 10% de su base imponible. Por estas razones, considero que lo más razonable es separar el programa de salud del IPS y formar un único sistema de salud público, consolidando la red de prestaciones del IPS con la del Ministerio de Salud y que sea financiado en su totalidad con impuestos generales, dejando al IPS exclusivamente como administrador del sistema de jubilaciones y reducir la tasa de contribuciones solo para financiar la jubilación y ajustar las tasas del IVA y del IRP para cubrir los costos del sistema de salud pública consolidado.

Estos cambios aumentarán la eficiencia del sistema de salud en la prestación de un servicio muy crítico para la ciudadanía, mejorarán las condiciones laborales para médicos y enfermeras y generarán incentivos para reducir la informalidad laboral e incrementar la cobertura del sistema de jubilaciones, manteniendo una presión tributaria global baja. Seguramente hay otras opciones posibles y mejores, pero hay que plantearlas, discutirlas y buscar un amplio consenso que permita encararlas como una política de Estado.

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