Auditorías internas realizadas en el Instituto de Previsión Social (IPS) durante 2025 y 2026 exponen una serie de vulnerabilidades que permitieron desde la inscripción irregular de trabajadores y alteraciones de registros salariales. En al menos 11 auditorías se describen pagos por más de G. 2.600 millones.
Los informes describen las fallas de los controles cruzados, debilidades en los sistemas informáticos y demoras administrativas que terminaron generando perjuicios económicos para el IPS.
Uno de los casos de mayor impacto económico corresponde al un directivo de una empresa que figuraba como representante legal de la firma ante la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) desde 1978 y, al mismo tiempo, fue registrado ante el IPS como trabajador dependiente de esa misma empresa entre 1999 y 2018.
La auditoría cuestionó esta doble condición porque, según el artículo 23 del Código Laboral, las disposiciones relativas al contrato de trabajo no se aplican a directores, gerentes, administradores y otros ejecutivos que representan a la empresa y gozan de notoria independencia en sus funciones, es decir, al ejercer como representante legal de la patronal, no correspondía que figurara simultáneamente ante el IPS como un empleado subordinado de esa misma empresa bajo el régimen general.
Sin embargo, durante casi dos décadas, el directivo realizó aportes como trabajador dependiente. Esas cotizaciones fueron contabilizadas para su historial previsional y le permitieron acumular 1.705 semanas de aportes, requisito que posteriormente utilizó para acceder a una jubilación ordinaria. El resultado fue que, según la auditoría, desde mayo de 2018 hasta abril de 2026, el IPS desembolsó G. 2.162 millones en concepto de haberes jubilatorios que se considera parten de una inscripción irregular.
Una situación similar fue detectada en otra firma, una persona continuó figurando como trabajador dependiente pese a aparecer como socio accionista y director de la empresa desde 2010.
Registros modificados. Otra auditoría detectó irregularidades en la información salarial de un trabajador. En este caso los auditores encontraron modificaciones en las bases de datos del sistema SAOP y la emisión de extractos de cuenta que no coincidían con los registros que correspondían.
La investigación identificó a funcionarios que habrían intervenido en estas modificaciones y, posteriormente, fueron sometidos a sumarios administrativos. El perjuicio determinado en materia de aportes que el IPS dejó de percibir alcanzó G. 126.800.000 millones.
Los controles detectaron situaciones incompatibles entre prestaciones jubilatorias y registros laborales activos.
Entre 2020 y 2024 la auditoría cuantificó en G. 98.600.000 los haberes jubilatorios abonados durante el periodo observado en un caso. A esto se suman G. 465.500.000 por prestaciones de salud utilizadas por el asegurado y sus familiares. En total, el impacto supera los G. 564.000.000. Desde Última Hora tratamos de conocer qué procedimientos realizarán desde el departamento Aporte Obrero Patronal del IPS tras recibir los informes de auditoría, sin embargo, no se obtuvo respuestas.
- 2.162 millones pagó el IPS por jubilación a un representante legal que se inscribió como empleado.
- 58.715 millones de guaraníes fue lo que pagó IPS a fallecidos por falta de control, según Contraloría.
- 564 millones de guaraníes pagó IPS en Salud y jubilación a un jubilado que volvió a figurar como activo.
Accedieron a prestaciones médicas pese a no cumplir con requisitos
Las auditorías de fiscalización interna del Instituto de Previsión Social (IPS) también encontraron casos en los que personas fueron incorporadas al seguro social mediante relaciones laborales que posteriormente fueron consideradas irregulares. En al menos 11 auditorias internas. Entre los casos aparece la utilización de prestaciones médicas de personas que cotizaron como aseguradas de manera irregular, tal es el caso de una persona que declaró que su concubina era su empleada doméstica con el fin de que ella acceda al beneficio de maternidad.
En dos casos detectados, según informes, los controles de fiscalización permitieron detectar las situaciones antes de que se concretaran determinados pagos de subsidios por maternidad.
Aunque los expedientes corresponden a situaciones diferentes, las auditorías dejan expuestas vulnerabilidades que se repiten, controles que no detectan incompatibilidades, sistemas que permiten cargar o modificar información sensible, falta de cruces automáticos entre bases de datos y demoras administrativas.
Los casos documentados van desde millones de guaraníes pagados durante años en concepto de jubilaciones hasta prestaciones médicas utilizadas por personas cuya condición laboral o previsional estaba cuestionada.
Estas irregularidades se suman a las ya detectadas por la Contraloría General de la República en sus reportes de auditoria donde se suman también G. 58.715 millones en acreditaciones a casi 11.000 jubilados fallecidos durante un periodo de cuatro años, según un informe de Contraloría.
