Pedro Halley Merlo, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, bajo el patrocinio del abogado Juan Sosa Bareiro presentó una denuncia penal contra personas innominadas que desatendieron su responsabilidad de salvaguardar el patrimonio y la buena administración del Instituto de Previsión Social (IPS).
“La presente denuncia tiene como fundamento principal la constatación de posibles perjuicios patrimoniales multimillonarios, que pudieron afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) surgidos de la comisión de hechos punibles que fueran denuncias por distintos medios de prensa e incluso por Comisiones del Congreso de la República, constituyendo suficiente notitia criminis, según testimonio, según testimonio de documentación que acompaño”, refiere el documento.
CUESTIONAMIENTOS. Los cuatro puntos cuestionados por Halley en la denuncia tienen que ver con la elección discrecional y sin criterios objetivos, además de la ausencia de procedimientos transparentes para la selección de abogados externos.
Lo segundo es la contratación sin justificación de especialización jurídica, ya que no consta informe técnico que acredite necesidad de especialización extraordinaria. Lo tercero son las erogaciones innecesarias y afectación del patrimonio previsional y el incremento significativo del gasto jurídico sin mejora comprobable en resultados.
El cuarto y último punto es la paralización de sumarios y procesos administrativos, ya que persisten sumarios paralizados pese al incremento de asesores externos.
“La contratación reiterada y masiva de abogados externos en el IPS, sin acreditación técnica de necesidad, sin estudio de carga laboral, sin evaluación presupuestaria y coexistiendo con una estructura jurídica interna podrían configurar; gestión ineficiente del gasto público, afectación del patrimonio previsional, violación de principios constitucionales de legalidad, igualdad y razonabilidad. Posible responsabilidad administrativa de los ordenadores de gasto”, remarca la denuncia.
FILIZZOLA. En la nota también se menciona el pedido oficial de Rafael Filizzola realizado en fecha 3 de marzo en el que el senador insta al Ministerio Público a la apertura de una investigación de oficio contra José González, ex asesor jurídico del IPS.
