La decisión del juez Gustavo Amarilla de devolver a la fiscala Stella Mary Cano la imputación contra dos de los seis involucrados, porque en el documento no se ha establecido con precisión cuáles son los motivos por los que se los debe imputar, agregó sospechas de poca rigurosidad en el procedimiento fiscal, elementos que deberán ser aclarados en el transcurso de los próximos días.
De todos modos, la manera en que se conoció la intervención fiscal y la imputación de los colaboradores de Ferreiro tuvo un fuerte impacto político y mediático, al punto de descabezar a la administración que llevaba poco más de cuatro años de cuestionada gestión, y aún le faltaban casi doce meses para concluir su periodo hasta noviembre de 2020.
La denuncia ante la Fiscalía, que partió del también controvertido dirigente político y actual conductor radial y televisivo Camilo Soares, ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional durante el gobierno de Fernando Lugo, apuntaba a la existencia de un esquema de recaudación paralela en la Comuna capitalina. La imputación contra los seis colaboradores de Ferreiro fue finalmente por tráfico de influencias, coacción y coacción grave, pero se hizo en forma genérica, sin describir las responsabilidades de cada imputado. Pero fue suficiente para que el intendente decida renunciar, arrastrando a sus directores y permitiendo que suba otra vez un colorado al cargo, al menos por un año hasta las próximas elecciones.
Soares, quien fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Ferreiro, primero para la presidencia de la República en 2013 y luego a la intendencia de Asunción, que ganó en 2015, se convirtió en uno de sus principales adversarios tras una ruptura en el grupo de izquierda PMAS (Partido del Movimiento al Socialismo), cuyos integrantes formaban parte del primer anillo de colaboradores del ahora ex intendente.
Por la manera en que se dio la elección del nuevo intendente, Óscar Rodríguez, con apoyo de una multibancada en la Junta Municipal y en contra de las directivas del Partido Colorado, es inevitable suponer que hubo un arreglo de cúpula para no avanzar en las denuncias sobre los presuntos hechos de corrupción. Por ello hay que exigir que la intervención fiscal sea mucho más rigurosa de la que ha sido hasta ahora, y que se pueda aclarar qué es lo que realmente ocurrió en la Comuna capitalina, estableciendo la debida sanción para quienes resulten responsables.
La persistencia de la corrupción priva al contribuyente de los servicios que espera al pagar sus impuestos: una ciudad con mejor infraestructura y más funcional para que todos puedan disfrutar en ella de una mejor calidad de vida.
