De acuerdo con el informe oficial, efectivos de la Base Naval se desplazaban a bordo de una lancha patrullera por las aguas del río Paraná, cerca de la medianoche del miércoles, cuando en la zona del popular barrio costero San Miguel avistaron varias cajas envueltas en plástico negro, supuestamente listas para ser embarcadas y cruzadas hacia el Brasil. Cuando bajaron a revisar las cargas, encontraron que solo estaban llenas de aserrín, lo cual hizo suponer que se trataba de una trampa. En seguida fueron atacados a tiros desde una zona alta del asentamiento.
Durante el intenso tiroteo, el infante de Marina Marcos Gabriel Agüero González (22) resultó herido en la cabeza. Fue trasladado a un hospital y falleció a la noche siguiente.
Posteriormente, según datos, los efectivos de Marina ingresaron a las viviendas de la zona y procedieron al arresto de 35 personas, que fueron remitidas a la Base Naval. Tras el procedimiento, son numerosas las denuncias de los pobladores que relatan casos de violencia y abuso de autoridad, ya que sostienen que los militares ingresaron pateando las puertas de las viviendas y golpearon con sus armas a los pobladores, entre ellos menores de edad, sin hacer caso de que no hayan tenido participación del tiroteo. Aseguran que fueron sometidos a torturas para tratar de averiguar la identidad de los tiradores.
Existen varios indicios de graves irregularidades cometidas durante el operativo. Aunque desde el comando de la Armada se sostiene que el arma tiene atribuciones de policía fluvial y puede realizar detenciones en su campo de acción ante la flagrancia del delito, en este caso existen indicios de que los militares se excedieron e ingresaron a hogares aparentemente sin orden judicial. Además de los testimonios de los pobladores, hay huellas visibles de maltratos en los cuerpos de los detenidos y se han mostrado grabaciones de cámaras de circuito cerrado que muestran represalias violentas que constituyen claras violaciones de derechos constitucionales.
La lamentable muerte de un camarada de la Marina no autoriza a romper la ley. Hay que investigar muy bien todo lo que rodeó al conflictivo procedimiento, y además de hallar a los verdaderos culpables del ataque a los militares y de quien sea responsable de la muerte del oficial, también hay que sancionar a quienes se exceden ilegalmente con la violencia en el nombre del Estado. Urge determinar con claridad el rol de las Fuerzas Armadas en este tipo de procedimientos, para no revivir episodios arbitrarios que remiten a oscuras épocas de la dictadura. Lo aconsejable es que los militares permanezcan en sus cuarteles y este tipo de procedimientos quede a cargo de la Policía.
Es plausible el combate al contrabando, pero debe hacerse conforme a la ley y respetando debidamente los protocolos.