Política

Investigación a OGD puede incluir el delito de la usura

 

La Fiscalía sigue trabajando sobre los 25 tomos que contiene la causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa que pesa sobre el ex senador colorado Óscar González Daher, quien guarda reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía por orden del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

La fiscala Josefina Aghemo, designada tras la recusación de René Fernández, mencionó que no descarta ampliar la imputación por usura.

Ello debido a la fama de prestamista que ostentaba el legislador, tanto en el Congreso como en Luque, ciudad donde ejerció por años un liderazgo político.

Apelan embargo. La defensa de González Daher y de su hijo Óscar González Chaves apeló ayer la inhibición general de gravar y vender y el embargo preventivo de todos sus bienes.

La abogada Sara Parquet de Ríos, por la defensa de los procesados, recurrió la providencia del 24 de setiembre pasado.

Por la citada resolución, el juez decretó la inhibición general de gravar y vender bienes, con respecto a los dos procesados.

Además decretó el embargo de sus bienes inscriptos y de toda suma de dinero o títulos de crédito o valor colocado en entidades financieras.

Dice la defensa que estas medidas debían ser dictadas por resolución fundada, por lo que era nula, arbitraria y debía ser revocada. Fundamenta que la medida cautelar es excesiva, dictada al inicio del proceso, cuando que, según apunta, debería ser cuando exista una condena, en una ejecución de sentencia.

Afirma que “nuestros defendidos no son administradores ni tienen a su cargo el uso del bien público”.

Cita la ley que sanciona el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, remarca que le es aplicable a toda persona que cumpla una función pública o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos. Argumenta que ni el embargo ni la inhibición pueden ser aplicadas, ya que son una figura civil, en donde no existe una cantidad líquida justificada, sino “un informe irresponsable de la Seprelad”.

Apunta que las medidas son vejatorias, ya que le priva de sus recursos, y se pregunta “’¿de qué viviría él y su familia?”. Pide hacer lugar al recurso y en caso de rechazo, que le conceda la apelación subsidiaria y eleve el mismo al tribunal de Apelación en lo Penal.

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