El intendente Luis Yd señaló que esta situación, que se atribuye a instituciones que persiguen sistemáticamente a sectores de oposición no alineados al gobierno, es un recurso ilegal utilizado por parte del oficialismo.
“Sabemos que en la política se vale todo, pero lo que no vale es servirse de las instituciones republicanas para ese debilitamiento. Cuando las instituciones o quienes representan a estas reaccionan o actúan por mandato político, nosotros creemos que perturba la democracia”, subrayó.
Añadió que no solamente atribuyen a la Fiscalía los hechos que configuran una presunta persecución, sino que otras instituciones también realizan por acción u omisión gestiones para debilitar el funcionamiento de ciertos distritos.
“No solamente es la Fiscalía. Te doy un ejemplo: la Essap que corta solamente el suministro de agua potable a los municipios que no son del oficialismo o la propia ANDE que corta el suministro a municipios que no tienen amigos políticos en este gobierno”, indicó.
A su turno, el intendente de la ciudad de Villarrica, Magín Benítez, sostuvo que los casos de persecución varían según cada municipio y uno de ellos es que instituciones estatales que prestan servicios básicos, como Essap en la provisión de agua, apura los cobros de administraciones morosas pasadas a las actuales administraciones para debilitarlas.
“Se da claramente una persecución política, ya que el gobierno tiene operadores políticos a través de distintas dependencias, tal como se da en la Essap que sacan adelante deudas millonarias de administraciones anteriores y hoy nos quieren dejar sin el suministro de agua que es muy importante”, denunció.
Para el intendente de extracción liberal, también la Contraloría y la Fiscalía están sometidas.
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