Según la acusación del Ministerio Público, habría utilizado G. 50.000.000 de los fondos de la Municipalidad para el pago inicial de una camioneta cero kilómetros, que fue retirada a título personal del jefe comunal.
El caso era llevado primero en Puerto Casado, donde el mismo fue imputado y acusado por supuesta administración en provecho propio.
Sin embargo, luego fue imputado y acusado por presunta lesión de confianza por los mismos hechos.
Es así que la jueza de Puerto Casado se declaró sin competencia para juzgar los hechos, lo que fue confirmado luego por el Tribunal de Apelación Penal del Chaco.
Así, el caso llegó hasta el Juzgado de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, que fijó para el 11 de abril, la audiencia donde estudiará las acusaciones fiscales.