La causa, por difamación y calumnia, se elevó a juicio oral al no llegarse a un acuerdo en la audiencia de conciliación realizada en junio pasado. El representante de Itá Paraná, a través de su abogado Víctor Ferreira, planteó una compensación de USD 2.500.000, que fue rechazado por Miguel Prieto a través de su abogada Gilda María Portillo.
El juicio oral por los supuestos hechos punibles contra el honor y la reputación debió realizarse el pasado 3 de diciembre a cargo de la jueza Flavia Recalde, pero fue suspendido el 1 de diciembre para este jueves 10 de diciembre. De todas maneras, Prieto se presentó y a través de su abogada presentó el pedido de abandono del querellante y de sus apoderados. Alegando la ausencia del querellante en el juicio oral.
Aclaró que si bien el pasado 1 de diciembre salió una providencia de suspensión del juicio para el próximo 10 de diciembre, no fue notificada a las partes y que, por lo tanto, se debe resolver el pedido de abandono de querella, previo traslado a la contraparte teniendo en cuenta su derecho a recurrirla.
DESCONOCIMIENTO. Aseguró que ambas partes estaban en desconocimiento de la suspensión y que el intendente Prieto y sus defensores comparecieron con todos los testigos para que el juicio oral y público, para demostrar su “inocencia”.
El intendente Prieto dijo que se alegó sobrecarga de trabajo en el sistema judicial para la postergación, al indicar que esto pasa por querer adelantar tanto este juicio y que desconoce si a nivel país existe otro que corrió tan rápido ya que, como abogado que lleva algunas causas, tiene la experiencia de la dilatación de la mayoría de los procesos para penuria de los abogados y sus clientes.
“Sin embargo, este caso fue sumarísimo, es un juicio relámpago, pero no estamos aquí para lamentarnos, sino para hacerle frente, con mucha satisfacción por todos los logros que estamos teniendo en la administración municipal”.
37 AÑOS. El intendente Prieto recordó que durante 37 años la empresa Itá Paraná administró la Terminal de Ómnibus. Además, que se cuenta con registros que se presentarán en el juicio, que revelan que un promedio de G. 5.000 a G. 6.000 millones recibía Itá Paraná, pagando solo G. 900 millones a la Municipalidad. De G. 4.100 a G. 5.000 millones quedaban con la empresa, sin pagar el salario a unos 25 funcionarios solventados con dinero municipal.
Añadió que, de lo que se recibe, ya se inyectó al sistema de salud G. 9.000 millones en un año y siete meses, a través del Consejo Local de Salud.
