Las últimas noticias que llegan desde el Norte del país reflejan una preocupante escalada de violencia, que envuelve a los grupos armados criminales Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Ejército del Mariscal López (EML), en enfrentamientos con policías y militares, principalmente los que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), con trágicos episodios que han dejado a varios fallecidos.
Tras el ataque con una potente bomba a un convoy militar, en una estancia en San Pedro, con tres efectivos fallecidos, en pocos días sobrevino un enfrentamiento de miembros de la FTC con el EML, oportunidad en que fueron abatidos dos integrantes del grupo armado, en Belén Cué, Concepción. Posteriormente, el martes último se produjo un ataque en San Alfredo, Concepción, causando la muerte de dos policías y un guardia privado. Todo parece indicar que se ha ingresado en una nueva cadena de represalias violentas, ocasionando aún más zozobra e intranquilidad a los pobladores.
Desde la formación del grupo armado criminal que hoy se conoce como EPP, cuya primera acción delictiva fue el intento de asalto al Banco Nacional de Fomento, en Choré, San Pedro, en 1997, se cumplen 24 años de actividad fuera de la ley. Aunque el grupo se presentó con la actual denominación en 2008, ya venía operando con ataques delictivos desde antes, entre ellos el secuestro de María Edith de Debernardi en 2001 y el secuestro y muerte de Cecilia Cubas en 2004 y 2005.
En la historia paraguaya, ningún otro grupo armado criminal o guerrillero pudo sostenerse tanto tiempo sin ser desactivado por las fuerzas gubernamentales, como sucedió con las guerrillas que lucharon contra la dictadura stronista, como el Fulna o el Movimiento 14 de Mayo, aunque su aparición se dio en situaciones y épocas diferentes.
En el caso del EPP y las demás bandas derivadas, resalta el fracaso de las acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, creada en 2013 a través de una modificación en la Ley N° 1337/99, de Defensa Nacional y Seguridad Interna, en que se autoriza que los militares participen en la contrainsurgencia. A pesar de contar con un presupuesto estimado en más de un millón de dólares al mes, en estos ocho años la FTC no ha podido capturar o vencer a los miembros del grupo armado, mientras el grupo mantiene secuestradas a tres personas, incluido el ex vicepresidente de la República Óscar Denis.
La nueva oleada criminal debe ser enfrentada con mayor presencia institucional del Estado, no solamente con operativos militares y policiales que hasta ahora no han producido resultados efectivos, sino principalmente con programas de desarrollo y acción gubernamentales transparentes en favor de la población, para que la misma no se sienta tan abandonada, como viene ocurriendo desde hace mucho. La actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) debe ser revisada, porque hasta ahora ha resultado inoperante. Constituye principalmente un escudo que mantiene el statu quo de la tragedia en la región, protegiendo más a los estancieros que a las comunidades. Hay que trabajar en una defensa territorial sin corrupción ni impunidad, que fortalezca el sistema democrático, con el debido respeto a los derechos humanos.