La idea, aunque vaga para muchos, implicaba el fin del manejo del gobierno como extensión patrimonial de una persona y sus empleados del grupo comercial que administraba al mismo tiempo que la presidencia. No se quería más que el mando de la Policía estuviera en manos de José Ortiz, el MOPC de Barriocanal, la comunicación con Salum, el combustible con Galeano, la seguridad del norte con Portillo, los seguros con López Moreira y que la reunión de “ministros” tuviera lugar en la fundación “Ñande Paraguay”, ahí a la vuelta de la casa de Cartes. Los ministros no cortaban ni pinchaban nada, eran solo obedientes mandaderos de la voluntad de los gerentes que ponían y sacaban las fichas a su antojo. Y así les fue... a ellos, a los ministros y al presidente.
La institucionalidad era una fachada. Se compraban o se alquilaban políticos, porque finalmente, como afirmaba el administrador de turno, no pasaban de ser “prostitutas de ocasión”. El Congreso era una síntesis de ese zoco árabe político donde incluso las cabezas distribuían el “mensalao” con una disciplina digna de las mejores empresas de cualquier holding que se ufanara de tal. De esto se cansó el país.
La situación era tan grave que una vez el ministro del Interior De Vargas reconoció que el comandante de la Policía Sotelo solo reportaba con Ortiz y no lo consideraba a él su superior. Esto fue público y nada pasó hasta los sucesos de marzo del año pasado. Ahí el sinuoso ex senador Julio César Velázquez lideró una sesión trucha para que junto con otros 24 senadores decidieran modificar cuatro artículos constitucionales por el camino vedado de la enmienda. Aquello terminó con la quema del Congreso, la represión, la boca rota de un diputado y el asesinato del joven Quintana. Abdo, quien lideraba la oposición, pidió que la justicia –nunca pronta ni barata– sancionara a los alzados y los castigara de manera ejemplar. Nada pasó. Todos estaban absolutamente seguros de que Velázquez, ex jefe de campaña de Cartes y luego convertido en su opositor, se volvió servil del poder de turno a cambio de alguna suculenta compensación. La foto de los alzados es un testimonio de cara a la historia. La institucionalidad había sido arrasada y la sociedad hervía de indignación.
Este recuento explica por qué la designación de Velázquez en el IPS genera igual sentimiento. Si el presidente actual creía que el mismo merecía un castigo ejemplar y ahora lo tiene a su lado en agradecimiento por los servicios prestados en las internas, lo que hace en realidad es enviar un poderoso mensaje desesperanzador con respeto a la defensa de la institucionalidad. Premia a un alzado contra la Constitución y sume en la decepción a sus seguidores. Pasa lo mismo con el otro Velázquez, el marino, no el árbitro del clásico, quien renunció a su condición de militar activo, hizo campaña política y luego volvió a vestir el uniforme por presión clara del hermano vicepresidente, señalado además por negocios oscuros en el Este.
La institucionalidad se la mide y cuida en las palabras, los gestos, los nombramientos, la templanza, el carácter y en el poder del NO. Incluso se inscribe entre a quienes defiende como las señaladas en el viaje a Roma o su presencia en las plazas cuando se analice la intervención de la Comuna de Ciudad del Este. La institucionalidad, presidente, es todo eso y es bueno que lo aprenda rápido, porque la tolerancia ciudadana es muy corta y no quiere repetir escenas del pasado cercano. Por el bien de la República, sea dueño de su NO.
