Entre las principales acciones propuestas se encuentran la suspensión temporal de nuevas facultades hasta mejorar la capacidad instalada, la implementación de estándares estrictos de supervisión docente y la redistribución equitativa de los estudiantes en los centros de salud.
También se plantea mejorar la fiscalización de los convenios entre universidades y hospitales para evitar la saturación de los campos de práctica clínica y garantizar que los alumnos reciban una formación adecuada, ya que hay un tutor por 20 alumnos.
Piden reforzar el balance entre la práctica real y la simulación, garantizando que al menos el 70% de las prácticas se realicen en entornos clínicos reales y solo el 30% en simulaciones.
Para eso, debe haber una coordinación entre las instituciones reguladoras y el sistema de salud para fortalecer la educación médica y evitar mala atención.
