Paraguay es uno de los que menos invierte en educación, según el último dato disponible antes del inicio de la pandemia. Apenas un 3,7% del PIB es destinado a la educación, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomienda invertir entre 7 a 9,8%, para lograr calidad, inclusión y frenar la deserción escolar.
Por otra parte, las deficiencias en cuanto a infraestructura constituyen otra dolorosa realidad que no podemos seguir ignorando: más de 12.800 aulas necesitan reparaciones y se requiere además de la construcción de 5.851 salas.
Estas más de doce mil aulas en mal estado se encuentran precisamente en los 255 distritos donde municipios y gobernaciones reciben recursos del Fonacide desde el 2012. Una parte de estos fondos deben emplearse en la construcción o refacción de los establecimientos escolares.
A una semana del inicio de clases se mantiene grandes expectativas, pero así también importantes desafíos. ¿Cuán seguras son las instituciones educativas públicas? ¿Cuántos niños y adolescentes asistirán a clases debajo de frondosos árboles? El estado paraguayo debe dejar de negarles a sus ciudadanos el derecho a una educación y a un futuro digno.
Precisamente la Unesco publicó el pasado noviembre los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), en el que se señalaba que los logros de aprendizaje de Paraguay están por debajo del promedio regional en todas las pruebas del nivel escolar básica, y que las niñas tuvieron mejores resultados. Tampoco se puede soslayar aquel estudio del Foro Económico Mundial, las evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo (Pisa-D) y Pisa 2015 y sus aterradores datos sobre el país: Paraguay ocupa el antepenúltimo lugar en Matemáticas; en Ciencias ocupa el lugar 70, y en Lectura Comprensiva, el 64. De acuerdo a esta evaluación, 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no comprenden lo que leen.
La situación es compleja y preocupante.
El promedio de años de estudio en el país es de solo 9,5 años, y el analfabetismo es del 5,5% en la población nacional de acuerdo a los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Según las cifras, casi la mitad de los jóvenes desde los 15 años que no asisten a la escuela son excluidos por motivos económicos; de hecho, en el sector urbano, los años de estudio en promedio son de 10,7 en total, mientras que en zonas rurales es apenas de 7,7 años de estudio.
Con estos datos en mente todo gobierno debería mantener la preocupación y multiplicar sus esfuerzos para invertir más y mejor en la educación.
Al mismo tiempo, se debe asumir la importancia del regreso a las aulas, aunque para ello es imprescindible que toda la comunidad educativa esté comprometida en redoblar los controles y los cuidados sanitarios. Es sumamente importante que, además de haber recibido la vacuna contra el Covid-10, los niños y adolescentes mantengan rigurosamente los cuidados: uso de mascarillas y lavado de manos siguen siendo fundamentales hasta que superemos la pandemia.