El escrito del Ministerio Público sostiene que los tres supuestos funcionarios de Rivas -Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco- no estuvieron ni siquiera en la zona del Parlamento en los días en que Rivas participó de sesiones ordinarias y extraordinarias en la Cámara Baja.
Esto se sustenta con el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que ellos declararon como suyas en sus legajos ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.
Asimismo, la Fiscalía cuenta con un informe bancario que señala que las extracciones de dinero realizadas por ellos tres en días laborales se hicieron en la zona de Paraguarí, información coincidente con el registro de llamadas.
Por otro lado, la Fiscalía tiene una pericia que señala que las planillas de asistencia a la Cámara Baja que fueron firmadas por los caseros en realidad fueron llenadas todas de una vez y no diariamente.
Cada una de las planillas era a su vez refrendada por el propio Rivas, quien estaba en poder de estos documentos y era responsable de su veracidad. La acusación de la Fiscalía contra el legislador es por estafa y cobro indebido de honorarios.