La Comisión Especial de control de las Compras Covid presentó el informe elevado al Ejecutivo. El auditor, quien integra el equipo, consideró que uno de los puntos llamativos es que las invitaciones eran realizadas desde el correo personal de los funcionarios y no en forma institucional como Salud.
Detectaron que hay vinculación de empresas, como fue en el caso del clan Ferreira. La Ley de Contrataciones Públicas prohíbe que se establezca ese modus operandi.
Otro punto es que el informe del Comité de Evaluación fue anterior a la conformación de los equipos. “Nos llamó mucho la atención en varios llamados. No hay correlación de fechas porque primero se debe conformar el equipo y después el informe de evaluación”, remarcó Olmedo.
En Salud designan a los miembros del Comité por llamado y no tienen un equipo estable.
En cuanto a los precios referenciales de los productos ofertados, detectaron una diferencia de 211% de sobrecosto en base a los precios del mercado. Se observó dentro de la carpeta de Asesoría Jurídica en la que hace un llamado de atención del porqué aparece ese monto. A pesar de esa advertencia, igual continuaron con el proceso.
Contrataciones Públicas establece reglas para construir el precio referencial y hacer una comparación con el precio histórico y el precio de mercado. ”En muchos de los llamados no encontramos el informe. Directamente ellos (funcionarios de Salud) le colocaron el precio referencial pero no sabemos de dónde sacaron”, aseveró.
Cardozo Olmedo dijo que hicieron las recomendaciones a Salud en algunos casos, pidió que se cancele y se retrotraiga a la etapa de evaluación. El informe de la Comisión Especial no es vinculante y la decisión queda en manos de Salud, que determinará las responsabilidades de los funcionarios.
El Ministerio de Salud debe seguir haciendo los llamados y desde la Comisión Especial harán un seguimiento para evitar que haya indicios de corrupción.
