Una lamentable realidad que debemos asumir es que en el Paraguay la corrupción es un hecho casi normalizado, y como bien lo evalúan diversos informes internacionales, el principal obstáculo se encuentra precisamente en la poca capacidad para erradicar la corrupción.
Uno de los más recientes, el informe internacional de Americas Society/Council of the Americas, que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, le había otorgado al Paraguay una puntuación baja, y en la evaluación apuntaba que el país demuestra poca capacidad para luchar contra la corrupción porque no funcionan el sistema legal de Justicia ni las instituciones políticas. De acuerdo con aquel documento, el país es considerado como el punto central de la distribución de la cocaína en Sudamérica, y recuerda las operaciones A Ultranza Py, que contó con el respaldo de la DEA de Estados Unidos, Europol y Uruguay; lo mismo que Turf, en cooperación con autoridades brasileñas.
Al final, la conclusión no deja de ser lapidaria: “Paraguay sigue estando entre los países con menor desempeño en el índice, y la politización de las instituciones judiciales se percibe como un desafío persistente”.
Es precisamente en esta politización de las instituciones donde se reproduce la impunidad, uno de los ejes del sistema de corruptela.
En cuanto a los hechos de corrupción cometidos durante la pandemia del Covid-19, esos casos, tras dos años, siguen aguardando una resolución; e inclusive, en uno de ellos ni siquiera se ha imputado a un responsable, el beneficiado directo y principal en este caso es el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. El caso ya cumplió un año de inicio de la investigación en el mes de octubre, y no hay avances. En el mismo se investiga al intendente de Asunción por denuncias de estafa, lesión de confianza y otros hechos, tras el escándalo de la supuesta sobrefacturación de productos de desinfección.
Otro magistral ejemplo de la falta de cumplimiento de los plazos, por chicanas judiciales y otros motivos es el de Imedic; uno de los hechos de corrupción registrados durante la pandemia del Covid-19. Están acusados Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, directivos de Imedic SA, por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
En la causa conocida como “agua tónica” no se hizo aún la preliminar, por masivas chicanas, y ni tiene fecha de audiencia. Exactamente lo mismo sucede con el de la Dinac, en el caso de los “tapabocas de oro”, pues ayer la audiencia fue suspendida y esta ya es la séptima vez que la misma se suspende.
Estos hechos representan niveles de corrupción que rayan en la traición a la Patria. En plena pandemia, cuando paraguayos y paraguayas perdían sus empleos, muchos comercios y empresas debían cerrar, los hospitales públicos y privados se encontraban repletos de pacientes, incluso en sus pasillos, y cuando no había medicamentos ni insumos suficientes y se perdían valiosas vidas, en medio de ese catastrófico panorama, el intendente de Asunción compraba toallitas desinfectantes a G. 259.600, detergentes desinfectantes a G. 393.800; la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo, José Costa Perdomo, hacían figurar la compra de insumos, entre ellos agua tónica, mascarillas N95, tanques de 1.000 litros y otros: y con el clan Ferreira, contratado por el Ministerio de Salud, saltaron irregularidades en las marcas de mascarillas y camas hospitalarias.
Esta infamia no debe quedar impune. El Paraguay no se merece una Justicia amiga y cómplice de la corrupción.
