El proyecto de ley presentado por un grupo de diputados liberales, “que modifica el artículo 1 de la Ley 6954/22 ‘que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado’”, ha sido un intento de reactivar los vales de combustible que hasta el año pasado recibía cada parlamentario.
Según la exposición de motivos “Hoy en día, tanto los congresistas senadores como los congresistas diputados vienen a la capital para participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso y de cada cámara en particular, así como de otras actividades que se desarrollan en la capital y en diversas zonas del país, en cumplimiento a sus labores como congresistas, lo cual conlleva el traslado en sus propios vehículos debiendo afrontar los gastos que dichos traslados irrogan los mismos de su propio peculio, que en muchos se debe agregar la distancia y la asiduidad del traslado. Con la modificación de la presente ley, se pretende cubrir en parte dichos gastos de traslado en que incurren los congresistas”.
El insulto estuvo avalado inicialmente por varios firmantes, quienes ante la presión y el escarnio pidieron que fueran retiradas sus firmas, y al final solo quedaron dos. Que no nos engañe esto, sin embargo, pues diputados de otros signos políticos apoyaron la idea, incluidos los colorados.
El diputado Carlos Núñez Salinas, de Fuerza Republicana, explicó que los del interior gastan mucho en combustible y no tienen forma de cubrir, y aclaró que estaría de acuerdo en reponer los vales, pero solo para los que vienen de muy lejos. Otro diputado de Fuerza Republicana, Carlos Arrechea, agregó que hay diputados que vienen de más de 500 kilómetros, mientras que otros están en capital y Central.
Los diputados afirman que se encuentran mal económicamente y por eso necesitan ayuda extra para el combustible, lo que implica que la remuneración de 32 millones de guaraníes que reciben cada mes no les alcanza.
Si los diputados se encontraban en mejores condiciones antes de convertirse en representantes del pueblo, a través de uno de los poderes del Estado, un servicio al país que debería ser considerado un honor, siempre tienen la opción de regresar a sus anteriores actividades. Si los diputados pretenden concitar la solidaridad y la empatía de la ciudadanía exponiendo su pretendida situación de necesidad, eso demuestra tan solo que están absolutamente desconectados de la realidad que vive la población del país.
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el 40% de los hogares paraguayos viven con un salario mínimo (G. 2.680.373) y solo el 20% logra acumular dos salarios mínimos (G. 5.360.746). Pero a nuestros diputados no les alcanzan los 32 millones de guaraníes que reciben al mes.
En vez de burlarse de los miles de compatriotas que no tienen un empleo digno, en vez de ofender a los miles que sobreviven en la pobreza extrema con hijos que no pueden asistir a la escuela ni recibir salud de calidad, condenados a la desnutrición y la falta de oportunidades, los diputados deberían estar trabajando incansablemente para que todos los paraguayos puedan vivir con bienestar.
Estos parlamentarios, que son un insulto como representantes del pueblo, deberían dedicar su tiempo formulando proyectos para mejorar la movilidad y el sistema de transporte público con alternativas para la gente, como el transporte eléctrico y el tren de cercanías, lo cual sin dudas redundaría en la calidad de vida de las comunidades que votaron por ellos. Eso es exactamente para lo cual fueron electos.