Históricamente las etnias del Paraguay, en menor o mayor medida, tras ser despojados de sus territorios, han sobrevivido a duras penas, lejos de la protección del Estado. A menudo, las políticas públicas manifiestas, aunque no escritas, han apuntado a la solapada búsqueda de su exterminio antes que a una promoción de su derecho a vivir con dignidad.
En el presente, esa situación no ha variado mucho. Si bien los pueblos originarios tienen una ley que les ampara; una institución pública que debería velar por sus intereses, pero que no lo hace en la medida de lo necesario; tierras amparadas por títulos que muchas veces en la práctica son ignorados y reconocimiento teórico de igualdad de derechos, ellos siguen sobreviviendo en el abandono y la miseria.
En las últimas décadas el problema se ha agravado por el avance de la frontera de la soja, cultivo que no solamente los arrincona e incluso desaloja de sus hábitats tradicionales, sino que también contamina el ambiente y envenena los cursos de agua con las fumigaciones.
A la soja hay que sumar las explotaciones ganaderas que han provocado deforestaciones que han impactado negativamente en la calidad de vida de los autóctonos. Los bosques que eran su fuente de vida tanto para la alimentación como para el mantenimiento de la salud, en gran medida, hoy han desaparecido.
Como si no bastaran estos obstáculos vigentes, el narcotráfico también afecta a comunidades que tradicionalmente han vivido en el marco de culturas ajenas a los vaivenes de la ilegalidad.
La ausencia del Estado agrava aún más la situación de pobreza extrema y abandono en la que se encuentran. Como un intento de salida desesperada, muchos nativos –sobre todo jóvenes– han optado por abandonar sus asentamientos ancestrales para trabajar en oficios que les son extraños tanto en el campo como en las ciudades.
La migración, antes que ser un camino de mejoramiento de sus condiciones de vida, ha sido un brete de empeoramiento de su situación. Muchos niños y jóvenes se han vuelto drogadictos y hay mujeres que se dedican a la prostitución. A pesar de que los sucesivos gobiernos han conocido cabalmente el calvario de los indígenas, poco o nada han hecho para devolverles al menos en parte los bienes de los que fueron despojados para que puedan construir su propio bienestar.
Es de esperar que el nuevo Gobierno, a través del Indi –encargado de llevar adelante la política pública del sector–, y la toma de conciencia de los demás sectores que ejercen el poder empiecen un proceso para revertir la ya muy larga injusticia que soportan los indígenas.
