El padre la joven Víctor Almeida viene pidiendo desde febrero una investigación ‘‘seria, objetiva e independiente’’ para determinar si existieron actuaciones u omisiones institucionales que incidieron en la situación que precedió al fallecimiento de su hija, de 20 años, diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA), TDAH y con certificado de discapacidad expedido por la Senadis.
Según el relato de Almeida, en octubre de 2025 Alma enfrentó fallas técnicas en la computadora asignada durante un examen parcial. Tras agotar las instancias administrativas y comunicar formalmente su condición, promovió junto a su padre una acción de amparo constitucional para volver a rendir la evaluación. Aunque obtuvo una resolución favorable en primera instancia, esta fue posteriormente revocada.
El padre sostuvo que, pese a aprobar finalmente la materia, la joven sufrió hostigamiento institucional y discriminación académica que deterioraron su salud mental.
Recordó que Alma continuó estudiando, practicando deporte, mantenía un emprendimiento propio y era becaria de Itaipú, sin que la familia advirtiera señales de alarma antes de su fallecimiento, ocurrido el 22 de febrero de 2026.
En su presentación, Almeida solicitó investigar las actuaciones y eventuales omisiones institucionales, verificar si se implementaron los ajustes razonables y medidas de apoyo previstos para estudiantes con discapacidad y establecer si existió alguna relación entre los hechos documentados y las circunstancias que precedieron a la muerte de su hija.
Ayer, Almeida denunció que intentó hablar con representantes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) que visitaron FADA, pero no lo dejaron acercarse.
‘‘Traté de hablar con la gente de la Aneaes, me impidieron con presencia policial’’, lamentó.
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Asimismo, hizo pública la respuesta a un pedido de informes de la senadora Lizarella Valiente. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, informó que la causa continúa en etapa de investigación y que ya fueron ejecutadas diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Añadió que el Ministerio Público recibió recientemente nueva documentación presentada por el padre de la joven, la cual será analizada por el fiscal de la causa conforme a sus atribuciones legales.
La resolución aprobada por Diputados requiere a la FADA y a la UNA información sobre protocolos de inclusión para estudiantes con TEA y otras discapacidades, mecanismos de prevención y atención de crisis emocionales, equipos de apoyo psicológico, capacitación del personal en inclusión y neurodiversidad, las actuaciones institucionales vinculadas al caso –resguardando la identidad de la familia– y el cumplimiento de la Ley Nº 5.136/2013 de Educación Inclusiva.
‘‘Resulta fundamental contar con información oficial respecto a los protocolos de prevención, detección temprana de situaciones de vulnerabilidad, acompañamiento psicológico y emocional, capacitación del personal docente y mecanismos de intervención ante posibles situaciones que puedan afectar la integridad y bienestar de los alumnos’’, dice el documento aprobado por legisladores.
