06 may. 2024

Incendio TSJE: No permitir sabotaje al proceso democrático

Una semana después del hecho que conmocionó a la ciudadanía, por sus alcances —la destrucción en un incendio de 7.600 máquinas de votación y por la muerte de un funcionario del Tribunal Electoral—, aún no hay novedades en la investigación de la Fiscalía. El país necesita que el caso sea resuelto sin que pese sobre este duda alguna, considerando los efectos perniciosos que podría generar en el proceso electoral. Las autoridades y la dirigencia política deben ser conscientes de que representa un peligro para la democracia.

El incendio de grandes magnitudes en el edificio central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), hace una semana, que afectó principalmente al bloque donde se encontraban depositadas unas 7.600 máquinas de votación alquiladas, que iban a ser utilizadas en las internas partidarias simultáneas del próximo 18 de diciembre, sin duda, tendrá consecuencias. De las autoridades nacionales, de la Fiscalía General y de la dirigencia política depende que sus efectos no pongan en grave peligro a nuestro sistema democrático.

Las dudas, las sospechas y el recelo fueron creciendo con el paso de los días. Todo eso tuvo un origen, precisamente en las no muy acertadas declaraciones del presidente del TSJE, Jaime Bestard, a minutos de conocerse la noticia del terrible incendio.

Bestard había manifestado que el calendario electoral no sería afectado, pero planteó muy pronto el posible desdoblamiento en dos fechas de las internas partidarias, de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), y de la Concertación por un Nuevo Paraguay; vale decir, que una se haga un domingo, y la otra, el siguiente.

La reacción fue monumental y unánime dentro de la clase política. Particularmente, desde la oposición se comenzó a hablar de que el incendio fue provocado, precisamente para sabotear los comicios y la simultaneidad de las internas. Horas más tarde, un asesor del TSJE tuvo que comunicar el cambio de posición respecto al desdoblamiento.

El apresuramiento por cambiar los días para las internas de los partidos reavivó el recuerdo de otro hecho; esto fue mencionado por varios políticos de la oposición, quienes señalaron que cuando asesinaron en 1999 al vicepresidente de la República, Luis María Argaña, todavía no se había expedido el certificado de defunción y la Justicia Electoral ya había convocado a elecciones para vicepresidente. Y es que para los dirigentes de la Concertación, el sistema de padrón abierto solamente tendrá sentido si las elecciones se hacen el mismo día; de lo contrario, se podrían propiciar el fraude y la manipulación.

Hoy, a una semana del incendio, y ante la falta de avances en la investigación, es oportuno recordar también la reacción de los políticos, pero sobre todo de la ciudadanía, con respecto a los fiscales que debían investigar los hechos.

El descrédito de una institución como es el Ministerio Público tampoco es un buen síntoma para nuestra democracia.

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral acudieron a una convocatoria que hizo la Cámara de Senadores para informar sobre el incendio, también el presidente de la República se acercó a visitar el lugar, y aunque de momento no se haya comunicado decisión alguna con relación a las internas que deben realizarse dentro de tres meses, la niebla de dudas y sospechas no se ha disipado. La escasa información plantea un escenario no muy favorable: se quemaron las máquinas de votación y tampoco se cuenta con el equipo informático para la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), que si bien es un sistema de información no vinculante a las elecciones, es el que permite transparentar el resultado de las elecciones, y era sin lugar a dudas algo así como la joya de la corona.

Pese a todo, es necesario que las autoridades sumen todos los esfuerzos indispensables para que el calendario electoral no sufra cambios. El TSJE debe recuperar el prestigio a prueba de toda duda, pues, es nada menos que el árbitro y depositario de la voluntad ciudadana. No podemos poner en riesgo la legitimidad de nuestro sistema democrático.

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