La ciudadanía, que vive las realidades de la calle, cuestiona el dato oficial de que en el último año se redujo en un 75% la delincuencia, así como el discurso que anuncia “una caída gramatical en asaltos y eventos de inseguridad”. Méritos, según esta narrativa, de la mayor cantidad de unidades lince y del operativo Veneratio en el penal de Tacumbú, que asestó un duro golpe al microtráfico.
La violencia urbana afecta a la población, en general, a trabajadores y a estudiantes y también es implacable con instituciones educativas públicas.
Desde el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial elevaron un reclamo al ministro del Interior por la situación de robos que afecta a más de 15 instituciones. Un grupo conformado por directores, docentes y padres de familia hicieron como protesta una sentata frente a la escuela Carlos Antonio López, del barrio Trinidad, para reclamar que esta institución ya fue saqueada cuatro veces en menos de 15 días, sin que la comisaría local atienda a los pedidos reclamos. “La inseguridad es tremenda. Mboriahu memby memete ou ápe. (Hijos de pobres son todos los que vienen acá)’’, reclamaba un padre de familia
Con la sentata e inicio de la vigilia por la dignidad educativa, el Sindicato de Directores denuncia los constantes robos por parte de adictos que se llevan hasta los focos y de las escuelitas se llevan notebooks, infocus, computadoras, compresores, ventiladores y aires acondicionados.
La situación adquiere ribetes muy graves cuando se considera que cerca de 200 niños asisten a la escuela de Trinidad, ubicada en una zona vulnerable y que dado a que se robaron los cables y no hay luz, peligra que los alumnos deserten y abandonen los estudios. Miguel Marecos, titular del sindicato, explicó que junto a esta institución hay un predio abandonado que los adictos usan como aguantadero. Misma situación soporta la escuela subvencionada Santa Rosa de Lima, del Bañado Sur que sufrió recientemente un incendio en el que perdieron todos los elementos para el inicio de clases. Marecos explicaba a ÚH que se presume que fue provocado por personas con problemas de adicción, pues la escuela fue saqueada en varias ocasiones. De esta manera, además de todas las carencias que sufren las instituciones oficiales, a las históricas carencias que arrastran, se suma un nuevo elemento que afecta a miles de niños y jóvenes.
La realidad de la educación pública se revelaba en un informe de infraestructura del MEC: Sobre 7.800 instituciones, 11.893 aulas requieren reparación, 249 aulas están con peligro de derrumbe, de las cuales 34 son galerías con 3 o 4 aulas; 2.855 sanitarios en malas condiciones, 438 con baños letrinas, 157 instituciones sin agua potable y 140 no cuentan con energía eléctrica.
Nos encontramos ante una compleja situación que representa un verdadero círculo vicioso. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes; se estima que en Asunción hay 24.000 jóvenes consumidores de drogas y 70.000 en Central, el 64% son jóvenes de 18 a 25 años y un 23% de 18 años y menos, incluso niños.
La deficiente gestión de combatir el narcotráfico ha permitido el desborde del tema consumo de drogas debido al microtráfico y las adicciones nos ponen frente a un panorama desolador, pues en el país carecemos de centros desintoxicación. Todo ello a la vez termina impactando en los más necesitados y marginados: Los niños pobres que asisten a las escuelas públicas. Urge que las autoridades brinden mejor protección a estas instituciones, puesto que no podemos seguir negando un futuro a los niños paraguayos.
