La imputación fue presentada por la fiscala Stella Mary Cano y relata que el trasfondo del caso es una demanda entablada en contra de la ANDE por un funcionario de la misma institución.
El caso se remonta a una acción planteada por el funcionario Juan Salomón Díaz Sánchez en contra de la ANDE, que fue tramitada en un juzgado de Paz de Paraguarí, a cargo de la magistrada Mirtha Cappo Maldonado, informaron desde el Ministerio Público.
La jueza rechazó la demanda planteada por Díaz Sánchez, por lo cual el abogado que representó a la ANDE, Juan José Gómez Alder, solicitó al juzgado la regulación de sus honorarios. La particularidad es que Gómez también es funcionario de la misma institución pública.
La magistrada dispuso que los honorarios del abogado sean G. 5.740.020 y al mismo tiempo ordenó el embargo preventivo del salario de Díaz Sánchez hasta cubrir esa suma. Además, dictaminó que el dinero debía ser depositado en una cuenta judicial.
Como la ANDE nunca realizó el descuento compulsivo del salario de Díaz Sánchez, el juzgado de Paz solicitó informes al respecto en diciembre del 2014.
En aquella oportunidad, la directora jurídica Miyasaki respondió que la institución no cumplió con la orden judicial debido a que antes consultó a la Secretaría de la Función Pública si es procedente el pago de honorarios a abogados que son funcionarios del ente y por lo tanto ya perciben salarios. Esta respuesta también es la que tiene la Fiscalía, a la que no le consta algún dictamen conclusivo.
ÚH intentó comunicarse ayer con la abogada Miyasaki, pero esta no atendió nuestras llamadas.
Un debate frecuente es si un abogado de ente público puede regular honorarios cuando litiga por la institución, que le paga salario por tal función.