Según investigaciones, cinco oenegés habrían firmado convenios con el Indert, para administrar fondos a fin de construir sistemas de agua a comunidades beneficiarias, pero las obras no concluyeron, causando un perjuicio de G. 1.998.405.479.
A la ONG Sepra se le desembolsó G. 1.357.421.850, pero no concluyó la construcción de sistemas, causando un perjuicio de G. 61.637.200, monto que se desconoce a dónde fue a parar.
De esta entidad están imputados por estafa y lesión de confianza dos mujeres.
En cuanto a la Asociación Campesina La Carreta, hay tres imputados, uno de ellos, el tesorero de la empresa, quien fue el que recibió G. 1.663.453.300, para administrar, pero las construcciones tampoco terminaron.
La organización Sembrando habría causado un perjuicio patrimonial de G. 487.581.671, de los G. 1.792.691.250 recibidos. En el caso hay dos procesados.
Lo mismo sucedió con la Fundación Solidaridad, que recibió G. 1.964.562.774 para obras finalmente inconclusas.
En este caso, la Fundación Solidaridad Latinoamericana, sucursal Paraguay, salió a aclarar que no es la involucrada.
En cuanto a la otra organización involucrada, Ñepytyvo, se desembolsó G. 3.270.391.772, pero se corroboró que las obras de los sistemas de abastecimiento de agua encomendados no cumplían con las especificaciones y requisitos.
REITERADOS CASOS. La Fiscalía cuenta con masivas investigaciones de malversaciones en la construcción de pozos artesianos para comunidades del interior. Solo en el 2016, se designaron once fiscales para estudiar las organizaciones que recibieron siderales sumas de dinero.
Estuvieron involucrados el hijo de un funcionario del ANNP y un concejal, además de otros funcionarios públicos que supuestamente fueron contratados por el Indert y cobraron presupuestos.
Inclusive, el ex titular del Indert, Justo Cárdenas, había sido investigado preliminarmente, por trescientos pozos irregulares.
