El miércoles último, el pleno de la Cámara de Diputados decidió la conformación de las comisiones especiales que analizarán y dictaminarán sobre los pedidos de intervención de seis municipios.
La comisión que analizará el caso del Municipio de La Colmena, Paraguarí, está integrada por Tomás Rivas, legislador cartista imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
En manos del citado parlamentario, que hasta la fecha no permite que la investigación en su contra pueda continuar ya que chicanea incluso el pedido de su desafuero, verificará las denuncias en contra del intendente del citado distrito, el colorado Mario Melgarejo. El jefe comunal también es cartista al igual que Rivas.
Aunque en mesa directiva se decidió que no integren las comisiones los diputados en cuyo departamento exista un municipio con pedido de intervención, los cartistas hicieron caso omiso y designaron de igual manera a Rivas y a otros en sus respectivos departamentos. Rivas está imputado por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de Diputados.
Otro imputado por lesión de confianza y que tendrá a su cargo la investigación de un municipio es el liberal, Teófilo Espínola, quien fue designado para analizar la intervención de la gestión del intendente colorado de Limpio, Carlos Palacios.
PRIMERA REUNIÓN. Las comisiones especiales que tendrán a su cargo dictaminar si corresponde o no la intervención de los seis municipios tendrán su primera reunión el lunes, a las 8.00. Según informaron, se conformará ese día las mesas directivas que facilitará el funcionamiento de las instancias para posteriormente convocar a las partes.
En ese sentido, es usual que se convoque primeramente a los acusantes, en este caso, los concejales que presentaron los pedidos, para que documentos en mano puedan sostener las acusaciones y posteriormente llamarán al intendente afectado.
Los municipios afectados hasta el momento son: Ciudad del Este (Alto Paraná), La Colmena (Paraguarí), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Ñumí (Guairá), Limpio (Central) y Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera).
La ley establece que la solicitud de intervención será presentada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y los antecedentes deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados dentro del plazo de seis días hábiles, la que constituirá una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados, debiendo expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.
